Segundo Protocolo con Estados Unidos

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman —los ministerios de Relaciones Exteriores, Ambiente y Seguridad Pública junto con Incopesca— sostienen que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, o sea la que se hace sin permiso, sin reportarse o fuera de las reglas, es una de las mayores amenazas a los ecosistemas marinos, a la seguridad alimentaria y a la economía pesquera local, y que alimenta redes de crimen organizado y fenómenos como el trabajo forzoso y la trata de personas en barcos pesqueros.

Citan una estimación de pérdidas mundiales anuales superiores a 20 mil millones de dólares por esa pesca, que golpean sobre todo a países en desarrollo. Agregan que los planes de manejo identifican esa pesca como una de las principales amenazas al Parque Nacional Isla del Coco y al Área Marina de Manejo Bicentenario, por la captura de atunes y tiburones.

Afirman que, si bien la ley costarricense ya sanciona la pesca ilegal, falta articulación internacional vinculante, y que aunque se instaló un radar en Isla del Coco y opera un centro de monitoreo satelital, sigue siendo necesario el trabajo en campo con apoyo de embarcaciones estadounidenses, usando los mismos buques y aeronaves que ya atienden el narcotráfico.

Qué dice el texto

• Qué se amplía: Extiende el acuerdo de cooperación con Estados Unidos (Ley 7929), pensado contra el tráfico ilícito, para cubrir también la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y le cambia el nombre a Acuerdo de Patrullaje Conjunto.
• Barcos bajo sospecha: Una embarcación o aeronave pasa a considerarse sospechosa cuando hay motivos razonables para creer que está metida en tráfico ilícito o en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y no solo en tráfico.
• Patrullas en aguas ticas: Autoriza a embarcaciones de las autoridades estadounidenses que lleven funcionarios a bordo a patrullar aguas costarricenses contra la pesca ilegal. Las operaciones en aguas y espacio aéreo del país requieren autorización del Gobierno de Costa Rica.
• Abordajes fuera del mar tico: Más allá del mar territorial de cualquier Estado, el acuerdo vale como permiso para que funcionarios estadounidenses aborden y registren barcos de bandera costarricense sospechosos y a la gente a bordo.
• Si encuentran pruebas: Si aparecen pruebas de tráfico ilícito o de pesca ilegal, los funcionarios estadounidenses pueden retener la nave y a las personas a bordo mientras llegan de forma expedita las instrucciones del Gobierno de Costa Rica.
• El aviso y los informes: Quien haga un abordaje debe avisar pronto a la otra parte y hacer todo lo posible por informar del abordaje y registro dentro de 24 horas; las instituciones competentes reportan de forma periódica cómo van investigaciones y juicios.
• Contra quién se dirige: Las operaciones solo pueden dirigirse contra embarcaciones y aeronaves sospechosas, incluidas las que no tienen nacionalidad. Costa Rica se reserva autorizar otros patrullajes conjuntos según su propio ordenamiento.