Infraestructura educativa a municipios

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el problema de la infraestructura educativa no es la falta de proyectos, sino la capacidad del Estado para ejecutarlos: dicen que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP concentra planificación, contratación y supervisión, y eso la satura. Citan a la Contraloría: unos 20 meses promedio en la etapa previa a arrancar una obra y apenas 20 proyectos en ejecución frente a 176 programados, con 113 funcionarios para todo el país.

Agregan que la ejecución está repartida entre 4708 juntas de educación y administrativas inscritas, con capacidades técnicas desiguales y contrataciones lentas, lo que dificulta fiscalizar y desaprovecha la compra en volumen; aun así, afirman que las juntas ejecutan mejor los recursos que la dirección central.

Dicen que el resultado son cientos de centros en condiciones críticas: citan 849 con órdenes sanitarias por deterioro en 2024 y cerca de 800 en 2025, y el Décimo Estado de la Educación 2025, que reporta carencias de infraestructura y conectividad, sobre todo en zonas rurales. Sin el cambio, advierten, se prolongan las aulas provisionales y la desigualdad; invocan como precedente la Ley 9329, que trasladó la red vial cantonal a las municipalidades.

Qué dice el texto

• Quién arregla las escuelas: Las municipalidades asumen como competencia exclusiva el mejoramiento, la ampliación, la remodelación y la rehabilitación de los centros públicos de preescolar, primaria y secundaria, siguiendo los lineamientos que dicte el MEP.
• El límite de la obra nueva: La obra y el equipamiento nuevos le tocan al gobierno local solo si cuestan hasta 25% del dinero que se le gira al año; lo que pase de ahí lo construye el MEP, y el mantenimiento pasa al municipio cuando venza la garantía.
• La plata: Asigna a las municipalidades al menos 1,5% del presupuesto ordinario de la República, girado por la Tesorería Nacional directo a cada una como fondo con destino específico: plata que solo puede usarse en ese fin.
• Cómo se reparte: Del monto anual, 35% según la población estudiantil del cantón, 30% de forma inversa al índice de desarrollo social en su dimensión educativa —más plata a los peor calificados—, 20% según metros cuadrados inventariados y 15% en partes iguales.
• El 10% de bienes inmuebles: La Ley 7552 obliga a las municipalidades a girarles a las juntas 10% de lo que reciben del impuesto sobre bienes inmuebles; el proyecto limita esa plata a comedores y transporte y deja el resto en el municipio para infraestructura y equipamiento.
• Quién decide en el cantón: Crea en cada municipalidad una junta presidida por la alcaldía, con un regidor, el supervisor de circuito y tres representantes de las juntas escolares, y una unidad técnica cuyo costo de operación no puede pasar del 40% de lo que se gira.
• Los inventarios y los plazos: Las municipalidades tienen seis meses para inventariar los centros de su cantón y doce para alistarse; el MEP tiene tres meses para entregarles la información, debe concluir las obras ya iniciadas y pasarles las no iniciadas.