Remoción de diputados

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que la Constitución obliga a las diputadas y diputados a cumplir el deber de probidad —ejercer el cargo con integridad y en función del interés público— y ordena que violarlo produzca la pérdida de la credencial, pero según sostienen esa disposición nunca se desarrolló en una ley que diga en cuáles casos y mediante cuál procedimiento se aplica.

Afirman que, sin ese procedimiento, la norma constitucional queda como una declaración sin efectos prácticos, lo que llaman una constitucionalización simbólica, y que ese vacío alimenta una cultura de impunidad en el Poder Legislativo, erosiona la confianza ciudadana y deja las faltas graves de legisladores sin sanción efectiva.

Citan una sentencia de la Sala Constitucional que exhortó a reformar la Constitución en esta materia y una reforma posterior al artículo sobre el deber de probidad que quedó sin ley que la aplique. También invocan a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, y convenciones internacionales contra la corrupción suscritas por el país.

Qué dice el texto

• A quién aplica: Alcanza a diputadas y diputados a quienes se les impute una falta grave al deber de probidad, entendido como ejercer el cargo con integridad, sin conflictos de interés, rindiendo cuentas y actuando por el interés público.
• La inmunidad primero: Antes de abrir la investigación, el Plenario debe resolver el levantamiento de la inmunidad del diputado señalado, a solicitud fundamentada de un grupo de legisladores, mediante votación pública y por mayoría simple de los presentes.
• Quién investiga: Instruye el caso una comisión especial nombrada por el Plenario, integrada en proporción a las fracciones políticas, que recaba pruebas, recibe declaraciones, pide informes y dicta una resolución motivada.
• Quién quita la credencial: La Asamblea no destituye por sí sola: si la comisión estima que procede la remoción, eleva el expediente al Tribunal Supremo de Elecciones, que resuelve la cancelación de la credencial y puede ratificarla o rechazarla.
• Las sanciones: Van de amonestación pública y censura con pérdida de cargos internos, a suspensión temporal de funciones, inhabilitación temporal para cargos de elección popular y pérdida definitiva de la credencial en las faltas más graves.
• La plata: La suspensión o la pérdida de credencial arrastran las dietas, emolumentos y beneficios económicos del cargo: se suspenden mientras dure la sanción o se pierden de forma definitiva, según el caso.
• La defensa: El diputado investigado tiene derecho a audiencia, defensa y a presentar pruebas; a la vez, la comisión puede rechazar de plano gestiones que considere dilatorias o abusivas, sin que eso detenga el procedimiento.