Turismo Rural Comunitario

El problema que dice venir a resolver

Quien lo firma sostiene que la Ley 8724 limita el turismo rural a empresas de base familiar y comunitaria organizadas como asociaciones o cooperativas, y deja por fuera a las unidades productivas de carácter privado individual, que según el texto se expandieron en la última década. Afirma que el sector es una mezcla muy variada —agrupaciones campesinas y ambientales, cooperativas, familias, personas físicas— imposible de meter en una sola definición.

Agrega que el financiamiento se estrechó: la caída del turismo internacional por la covid-19, la pérdida de elegibilidad para programas de cooperación internacional por ser Costa Rica país de renta media, y los recortes derivados de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que según el texto contrajeron los programas de apoyo e incentivos.

Cita la Cuenta Satélite de Turismo del Banco Central: el aporte del turismo al PIB pasó de 4,4% en 2012 a 6,3% en 2016, y 8,2% sumando efectos indirectos. Cita también encuestas de la Cámara de Experiencias Rurales según las cuales el 70% de los hospedajes tiene menos de diez habitaciones y el 48% de los emprendimientos son de mujeres jefas de hogar.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 22 de octubre de 2025. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• A quién cubre: Amplía el universo de la ley: además de asociaciones y cooperativas, incluye a pequeñas y medianas empresas inscritas en el MEIC, a las asociaciones de desarrollo comunal de Dinadeco y a las fundaciones sin fines de lucro.
• Qué cuenta como turismo rural: Define las actividades cubiertas: posadas sin mínimo de habitaciones, posadas familiares de uno o dos cuartos anexos a la casa, pensiones con al menos cinco unidades, albergues con siete, sodas y restaurantes, agencias y tour operadoras.
• Lancha y pesca: Suma como actividades el cabotaje turístico de pequeña escala —paseos de turistas en embarcaciones pequeñas, con los requisitos de seguridad del MOPT— y la pesca turística de pequeña escala en botes artesanales.
• Las exoneraciones: Permite, por una única vez y con declaratoria y contrato turístico del ICT, no pagar impuestos por motores fuera de borda si se está cerca de aguas navegables o la costa, vehículos doble tracción o microbuses de hasta 25 pasajeros y equipos de energía limpia.
• Si le da otro uso: Quien venda, arriende, preste o le dé al bien exonerado un uso distinto del que motivó el beneficio paga una multa igual a diez veces el valor de la exoneración, aparte de las sanciones penales o civiles que correspondan.
• El crédito: Da trato prioritario y preferencial en financiamiento, avales y garantías a los proyectos viables en zonas de menor desarrollo, con acceso a la Banca para el Desarrollo y al Fodemipyme, y ordena programas de crédito diferenciados.
• Qué hacen las instituciones: El ICT otorga la declaratoria con requisitos proporcionales al tamaño del negocio; el INA capacita; el IMAS, el Inder y Dinadeco apoyan; las municipalidades pueden abrir una oficina de gestión turística; el Sinart da espacios de promoción cada dos meses.