Violencia política contra mujeres

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la Ley 10.235, que desde el 17 de mayo de 2022 castiga la violencia contra las mujeres en la política, quedó en letra muerta: dicen que las denuncias se desestiman o no se tramitan porque no hay una autoridad competente claramente definida, que el Tribunal Supremo de Elecciones ha sostenido en varios pronunciamientos que no le toca tramitarlas, y que la ley no fijó plazos, así que los casos quedan sin resolver por tiempo indefinido.

Agregan que los partidos no cumplen con incorporar en sus estatutos los mecanismos para prevenir y sancionar esa violencia, y citan datos del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE: de 38 partidos nacionales inscritos 8 no cumplen, de 24 provinciales 13 no cumplen y de 98 cantonales 41 no cumplen, más del 40% del total; también afirman que la mitad de los municipios tampoco ha aplicado la ley.

Citan del mismo oficio que, de 75 liquidaciones trimestrales de gastos permanentes recibidas entre 2023 y 2025, solo 9 reportaron gastos en capacitación, y que al 30 de setiembre de 2025 había ₡1.281.958.597,81 acumulados sin ejecutar en ese rubro. Advierten que, sin consecuencias claras para quien incumple, se mantiene un entorno de impunidad y revictimización que excluye a las mujeres de los espacios de decisión.

Qué dice el texto

• Quién pierde la credencial: A las diputadas y diputados solo les cabe la amonestación ética, si el Plenario lo acuerda. A alcaldes, intendentes, regidores y síndicos, titulares y suplentes: amonestación escrita, suspensión o pérdida de la credencial, que cancela el TSE.
• El castigo a los partidos: Los partidos sin procedimientos y sanciones internas por violencia política no podrán inscribir candidaturas presidenciales ni municipales; también sube la rebaja de su financiamiento estatal para capacitación y operación.
• Dentro del partido: A la persona afiliada a un partido le caben amonestación escrita, destitución del cargo en órganos del partido, suspensión de la afiliación de un mes a un año o expulsión hasta por dos ciclos electorales, ocho años; las dos últimas solo en extrema gravedad.
• Si es funcionario público: Se denuncia ante la instancia disciplinaria, con un órgano paritario de tres personas y prohibición de conciliar. Sanciones: amonestación, suspensión sin salario hasta dos meses, despido sin responsabilidad patronal o revocatoria del nombramiento.
• El plazo y los agravantes: El plazo para denunciar es de un año desde el último hecho de violencia o desde que cesó la causa que impidió denunciar. Agravan la sanción el embarazo o la lactancia, que actúen varias personas, el uso de medios digitales o la reincidencia.
• Si no le dan trámite: Si el partido, la institución o el órgano obligado no tramita la denuncia a tiempo, la mujer afectada puede plantear un amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones: un recurso rápido para exigir sus derechos políticos.
• Sindicatos y asociaciones: Sindicatos, asociaciones solidaristas y asociaciones de desarrollo comunal deben incluir en sus estatutos procedimientos internos y sanciones por violencia política contra las mujeres, y remitir el expediente al Ministerio Público cuando corresponda.