Responsabilidad laboral de contratistas

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que la Administración Pública recurre cada vez más a la subcontratación o tercerización —contratar con una empresa externa labores como limpieza y seguridad, de modo que quien hace el trabajo en la institución no es empleado de ella sino de la empresa contratada—. Sostienen que esa triangulación deja a esas personas trabajadoras desprotegidas, porque no pueden negociar sus condiciones con el Estado y quedan expuestas si su patrono incumple sus obligaciones laborales.

Citan a especialistas que describen la tercerización como una estrategia que precariza y sobreexplota a la clase trabajadora, y sostienen que hace falta que el Estado intervenga como regulador. También citan una encuesta de empleo del INEC que, según señalan, muestra personas trabajadoras sin seguro de trabajo, sin seguro por riesgos laborales, sin pago de la jornada extraordinaria y sin salario mínimo, y una nota periodística sobre abusos contra personal de limpieza subcontratado en una universidad pública.

Invocan además un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el país, que pide sancionar el incumplimiento de las cláusulas laborales en los contratos de las autoridades públicas, incluso reteniendo pagos para que las personas trabajadoras cobren sus salarios.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 14 de abril de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• A quién le toca: Alcanza a los oferentes y contratistas del Estado, es decir a las empresas y personas que participan en concursos públicos o que ya tienen un contrato con una institución pública.
• Qué deben cumplir: Suma expresamente a sus obligaciones el cumplimiento de las obligaciones laborales con sus personas trabajadoras y el pago de la póliza de riesgos del trabajo ante el INS, junto a las cargas con la CCSS, Fodesaf e impuestos.
• Contratos internacionales: Esas mismas obligaciones cubren las contrataciones hechas en el país por entes de derecho público internacional u organismos internacionales, respecto de las personas trabajadoras que prestan servicios en territorio nacional.
• Nueva causal de castigo: Crea como causal de sanción al contratista incumplir la legislación laboral en pago de salarios, aguinaldo y jornada, y no pagar la póliza de riesgos del INS ni las contribuciones a la CCSS, el INA, Fodesaf y el IMAS.
• Qué consecuencia trae: Si el incumplimiento laboral se acredita, la oferta queda excluida del concurso y, si se detecta cuando el contrato ya se está ejecutando, el contrato se resuelve, o sea se da por terminado.