DINADECO

El problema que dice venir a resolver

Quien firma parte de que las normas jurídicas no deben estancarse, sino acompañar los cambios sociales, económicos y políticos, y por eso plantea una actualización parcial de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (Ley 3859), que regula las asociaciones de desarrollo comunal.

Sostiene que con ese ajuste las asociaciones podrían efectivamente venderle servicios y bienes al Estado y alquilarle sus propiedades, y que la iniciativa se enmarca en el Objetivo 11 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el de lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Qué dice el texto

• Qué pueden vender: Permite a las asociaciones de desarrollo comunal vender servicios y bienes comercializables al Estado, y también arrendarle bienes propios, o sea alquilárselos a la Administración pública.
• Qué cuenta como servicio: Define servicio como el conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de la Administración para cumplir un fin público, es decir un objetivo de interés general.
• Qué pasa con las ganancias: De los excedentes de esas contrataciones, hasta un 50% puede ir a capital de trabajo, el dinero para operar; el otro 50% debe destinarse obligatoriamente a los programas de la asociación.
• Con qué límites se gasta: Esa mitad destinada a programas debe usarse conforme a los fines de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, su reglamento y los estatutos de cada asociación.
• Quién les puede comprar: Autoriza a contratarles al Poder Ejecutivo y sus dependencias, a los Poderes Legislativo y Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas y municipalidades.
• Con qué reglas se contrata: Las compras y alquileres deben seguir los procedimientos de la Ley de Contratación Pública (Ley 9986) y su reglamento, las reglas generales con que el Estado compra.