Ley Concursal

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que las gestiones ante el único Juzgado Concursal aumentaron, sobre todo en los llamados «pequeños concursos» —los que la Ley Concursal reserva a personas no empresarias y a empresas con no más de diez trabajadores ni más de diez acreedores comunes—, empujadas por una promoción en redes sociales que los presenta como soluciones simples y sin consecuencias, sin advertir sus efectos sobre el récord crediticio.

Alegan además que, tal como está redactada la norma, la sola presentación de la solicitud y el aviso del promotor ya impiden a los acreedores cobrar, sin que el juez haya valorado nada: eso, dicen, convierte la figura en un mecanismo para suspender de hecho los cobros con gestiones que después pueden ser rechazadas, y deja a los acreedores en indefensión.

Sostienen que el deudor que va directo a la vía judicial, sin explorar antes un arreglo con su entidad financiera, queda calificado en el riesgo máximo y termina excluido del crédito formal; y que las entidades deben inmovilizar más reservas, lo que encarece el crédito para todos. Citan como prueba de que los arreglos funcionan la cantidad de créditos que se rescataron durante la emergencia del Covid-19.

Qué dice el texto

• El aviso a los acreedores: Mantiene la obligación de quien pide el concurso de avisar a todos sus acreedores ante cuál juzgado se tramita, y de demostrarle al tribunal ese aviso dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación.
• Si no avisa: El concurso se declara inadmisible si no se cumple la comunicación en el plazo. Solo se abre si se comprueba que todos los acreedores fueron efectivamente avisados o que hubo motivos calificados que lo impidieron.
• Fin del freno automático: Establece que ni la solicitud ni el aviso inicial, por sí solos ni juntos, suspenden los cobros judiciales o extrajudiciales contra el deudor, ni impiden que los acreedores hagan efectivas las garantías.
• Cómo se frenan los cobros: Quien promueve el concurso puede pedirle al juzgado una medida cautelar —una orden provisional— que suspenda los cobros, junto con la solicitud o en escrito aparte. El freno corre hasta que se adopte y se notifique.
• Qué mira el juez: El juzgado valora la petición de suspensión según tres criterios: que la insolvencia parezca cierta a primera vista, el riesgo de que el proceso concursal se frustre y la ponderación de los intereses en juego.