Auditorías internas

El problema que dice venir a resolver

Quien firma sostiene que la línea entre la auditoría interna y la administración activa —la que toma las decisiones y ejecuta— se ha borrado en dos sentidos: algunas auditorías se meten en decisiones de gestión o recomiendan sobre asuntos ajenos a su plan de trabajo, y algunas administraciones ignoran las recomendaciones sin justificación técnica o jurídica, entendiendo que por ser asesoras se pueden dejar de lado.

Afirma que la primera situación compromete la independencia y objetividad de la auditoría, y la segunda debilita el control interno al convertir sus informes en papeles sin efecto práctico.

Agrega que la ley nacida del expediente 24.007 quedó publicada con un contenido distinto del que las diputaciones aprobaron, por una inconsistencia en el registro de los textos y por la omisión de una consulta obligatoria a la Contraloría General de la República. Como el error ya está dentro de una ley vigente, sostiene que no se puede arreglar por vía administrativa y requiere una nueva ley.

Qué dice el texto

• Los avisos de la auditoría: Las asesorías al jerarca y las advertencias a los órganos fiscalizados son no vinculantes: no validan decisiones ni autorizan actuaciones. La responsabilidad de decidir queda exclusivamente en la administración activa.
• Si el jefe de área discrepa: Ante un informe con recomendaciones, el titular subordinado tiene diez días hábiles improrrogables para ordenar que se apliquen o discrepar por escrito ante el jerarca, con soluciones alternas; el jerarca resuelve en veinte días hábiles.
• Cuando el informe va al jerarca: Si el informe se dirige al jerarca —la máxima autoridad de la institución—, tiene treinta días hábiles improrrogables para ordenar que se apliquen las recomendaciones o disponer, con motivos, soluciones distintas.
• Qué no puede hacer la auditoría: Se le prohíbe al personal de auditoría interna realizar funciones de administración activa, salvo las potestades que la propia ley le da; incumplirlo por dolo o culpa grave acarrea responsabilidad administrativa.
• La evaluación del auditor: El jerarca evalúa periódicamente al auditor y al subauditor solo en el cumplimiento de reglas éticas y administrativas generales; esa evaluación no puede alcanzar el ejercicio de fondo de sus funciones de auditoría.
• La jornada: Auditor y subauditor trabajan tiempo completo; reducir la jornada exige estudio técnico y aval de la Contraloría y nunca baja de medio tiempo. Municipalidades con presupuesto ordinario de hasta ¢200.000.000 pueden contratarlos a medio tiempo sin ese aval.
• Los choques con la Contraloría: Tras fiscalizar a una auditoría interna, la Contraloría informa al jerarca y al auditor, que deben acatar u oponerse en quince días hábiles; la auditoría tiene treinta días para fundamentar la oposición y la Contraloría treinta para resolver.