Impuesto a las Personas Jurídicas

El problema que dice venir a resolver

Quienes firman sostienen que las sanciones de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas son desproporcionadas: cancelarle la presentación de documentos al Registro a las sociedades morosas e, incluso, disolverlas por no pagar. Alegan que eso golpea la seguridad registral —la protección que da la publicidad del Registro tanto al dueño inscrito como a quien compra de buena fe— y manda a la clandestinidad relaciones jurídicas que estaban publicadas y protegidas.

Citan expedientes administrativos y causas penales tramitadas por la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen en los que, aprovechando sociedades disueltas por estas leyes, se nombraron liquidadores ilegítimos y se traspasaron fincas de manera irregular, con participación de notarios corruptos y en perjuicio sobre todo de propietarios extranjeros descuidados.

Agregan que, según datos del Registro Nacional y de la CCSS que citan, buena parte de la morosidad patronal corresponde a sociedades disueltas a las que ya no se les puede cobrar porque su capacidad jurídica se limita a liquidarse, mientras siguen reportando trabajadores en planilla; y que publicar los edictos de disolución en La Gaceta le cuesta al erario.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 14 de octubre de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• Ya no se disuelve la sociedad: Sustituye la disolución de la sociedad morosa por la inmovilización legal de pleno derecho: la entidad no se extingue, queda paralizada en el Registro hasta que pague el impuesto.
• Cuándo se inmoviliza: La inmovilización se impone por no pagar el impuesto durante los períodos consecutivos que fija la ley; Tributación manda el informe de morosas y el Registro la ejecuta con una sola resolución.
• Los documentos en el Registro: En vez de cancelarle la presentación a los documentos de morosos, se anota la morosidad como defecto subsanable y se suspende la inscripción hasta que la base de datos muestre a la entidad al día.
• Cómo se sale: Pagado el impuesto y verificado en la base de datos de Tributación, quien tenga interés legítimo puede pedirle a la Dirección del Registro de Personas Jurídicas que levante la inmovilización.
• Quién termina pagando: Inmovilizada la entidad, la Administración Tributaria puede seguir el cobro contra los últimos socios registrados, que responden solidariamente por el impuesto.
• Las garantías del cobro: Mantiene que la deuda del impuesto pesa como hipoteca legal preferente sobre los inmuebles o prenda preferente sobre los muebles de la entidad, y que los morosos no pueden contratar con el Estado.
• Sociedades ya disueltas: Permite que las entidades disueltas por esta ley o por la anterior, y que no hayan sido liquidadas, se reinscriban pagando lo adeudado, mediante escritura pública, dentro del plazo que fija la reforma.