Persona Adulta Mayor

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que no hay congruencia entre la materia del Conapam y su adscripción a la Presidencia de la República. Citan un estudio de Mideplán (el Ministerio de Planificación) que recomendó trasladarlo a un ministerio afín. Argumentan que el Ministerio de Trabajo tiene competencias legales en bienestar social y administra el Fodesaf, el fondo social del que el Conapam recibe buena parte de sus recursos.

También alegan que la ley no define qué le toca a la Junta Rectora. Según ellos, eso genera incertidumbre entre la dirección estratégica y la administración diaria. Agregan que el presupuesto del Conapam debe ajustarse a la ley que obliga a los órganos desconcentrados (dependencias con independencia técnica dentro de un ministerio) a integrarse al Presupuesto Nacional.

Invocan la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sostienen que esa convención exige instituciones especializadas y la más amplia participación de las propias personas mayores en las políticas que les conciernen.

Qué dice el texto

• Quién lo dirige: La Junta Rectora queda solo con jerarcas públicos: Trabajo, que la preside, Salud, MEP, IMAS, CCSS, Junta de Protección Social y una persona de las universidades estatales. No cobran dietas, o sea pago por sesión.
• Lo que la Junta no hace: La Junta fija la orientación estratégica, aprueba planes y presupuesto y nombra a la Dirección Ejecutiva. Tiene prohibido contratar, manejar personal, ejecutar presupuesto o resolver casos particulares.
• Quién administra: La Dirección Ejecutiva asume la gestión diaria: personal, contratación pública, ejecución del presupuesto, convenios y representación judicial del Conapam. Su titular necesita al menos licenciatura.
• La voz de los mayores: Crea un consejo de participación con personas adultas mayores, pensionados, organizaciones sociales y academia. Es solo consultivo, pero el Conapam debe dejar constancia de cómo valoró sus recomendaciones.
• El reparto de la plata: El Conapam debe distribuir los fondos para programas de personas adultas mayores con criterios técnicos verificables: demanda de servicios, necesidades, costos de atención y modalidades. Además fiscaliza su uso.
• Negarse a informar: Las instituciones públicas deben darle al Conapam la información que pida. Las entidades privadas con fondos públicos para personas adultas mayores deben rendirle cuentas. Si un funcionario niega u oculta datos sin justificación, comete falta grave.
• Los programas siguen: El cambio de ministerio no puede interrumpir programas, servicios ni transferencias. Tampoco puede cambiar el destino que la ley fija a los recursos del Conapam.