Investigación y desarrollo (I+D)

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que las universidades públicas usan fundaciones para vender servicios de investigación, pero que con los años surgieron interpretaciones distintas, entre quienes las operan y quienes las controlan, sobre cómo manejar esos recursos. Dicen que las universidades quedan en desventaja al no poder presupuestar y ejecutar a tiempo el dinero disponible.

Alegan que los proyectos científicos se ganan en concursos anuales o bianuales que no se pueden planificar, y que la Ley General de Contratación Pública vuelve lenta la compra de insumos. Lo contrastan con países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde afirman que los investigadores reciben sus materiales poco después de pedirlos.

Citan que las universidades estatales hacen el 78% de la investigación del país. Según datos del Conare, invirtieron en I+D, investigación y desarrollo, más de ₡70.000 millones por año en promedio entre 2017 y 2021. También citan que Costa Rica bajó del puesto 55 al 68 en el Índice de Innovación Global de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Qué dice el texto

• Quiénes entran: El INA, el Colegio Universitario de Cartago y las instituciones parauniversitarias pasan a formar parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se les aplica esta ley igual que a las universidades.
• Las empresas: Las universidades públicas, el INA y las parauniversitarias pueden crear empresas académicas o tecnológicas, sociedades, alianzas con privados y fundaciones, además de incubadoras y parques tecnológicos.
• Los socios: Instituciones públicas, empresas privadas y organismos internacionales pueden participar en esas empresas y fundaciones. La propiedad intelectual de las alianzas es conjunta o exclusiva de la institución pública.
• El dinero: Lo que ganan vendiendo bienes y servicios ligados a investigación, consultorías, capacitación y cursos especiales se invierte y se ejecuta en esas fundaciones o empresas, según el criterio de las autoridades académicas.
• En el presupuesto: La investigación se declara de interés público y se registra en las partidas de capital, o sea como inversión y no como gasto, dentro de presupuestos públicos plurianuales, es decir, de varios años.
• El TEC: El Instituto Tecnológico de Costa Rica queda autorizado para crear y participar en fundaciones, empresas y sociedades de cualquier naturaleza, con un reglamento propio.
• Las demás instituciones: Las instituciones públicas que investiguen pueden destinar un porcentaje de su presupuesto ordinario a proyectos de ciencia y deben informar al Ministerio de Ciencia y Tecnología qué presupuesto le dedican y para qué.