Fiscalización ex post

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que el modelo costarricense, que exige aprobación previa de presupuestos y refrendo de actos y contratos, tuvo virtudes como control preventivo, pero arrastra demoras administrativas, rigidez y duplicación entre el control interno de cada entidad y el refrendo externo. Sostienen que esa autorización previa frena la capacidad de respuesta del Estado, resta agilidad a compras y obras y empuja a una gestión defensiva en vez de una gestión orientada a resultados.

Citan informes de la OCDE, el club de países al que Costa Rica pertenece, sobre el rezago en evaluaciones ex post —o sea, revisiones hechas después de ejecutado el gasto— y sobre la conveniencia de un consejo fiscal independiente. Argumentan que en países como Reino Unido, Estados Unidos, México y España los órganos superiores de auditoría revisan las cuentas después del gasto y no dan visto bueno previo generalizado.

Advierten que mantener reglas estáticas deja los regímenes obsoletos frente a retos modernos, y afirman que el cambio no es renunciar al control sino concentrarlo en auditorías de desempeño, riesgos fiscales y contratos de alto impacto.

Qué dice el texto

• El refrendo previo: Ningún pago, obligación o contrato del Estado requerirá aprobación o refrendo previo de la Contraloría para tener efectos jurídicos: la validez del acto deja de depender de ese visto bueno anticipado.
• Cómo se fiscaliza: El control de la Contraloría pasa a ser predominantemente posterior, es decir después de ejecutados los actos, o continuo, con los mecanismos que defina su Ley Orgánica.
• Los presupuestos municipales: En lugar de aprobar o improbar por adelantado los presupuestos de municipalidades e instituciones, la Contraloría examina y aprueba o imprueba la liquidación: el resultado del presupuesto ya ejecutado.
• Quién responde: Jerarcas y funcionarios responsables responden personal y patrimonialmente —con su propio patrimonio— por los actos contrarios al ordenamiento jurídico o que causen daño al erario, conforme a la ley.
• Revisiones antes del gasto: Una ley definirá en qué casos, por interés público o riesgo fiscal, la Contraloría puede hacer revisiones preventivas o durante la ejecución, pero no vinculantes: no obligan a la institución.
• Nuevas tareas de la CGR: La Contraloría evalúa la eficacia de los sistemas de control interno de cada entidad y promueve su fortalecimiento, fiscaliza a posteriori la gestión patrimonial y contractual y rinde un informe anual a la Asamblea.
• La transición: Durante los dos años siguientes, la Contraloría sigue aplicando los controles previos vigentes solo en los casos que ella defina por resolución fundada en riesgo fiscal, y debe informar cada año del avance del nuevo modelo.