Título VII del Código Tributario

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de la autotutela administrativa: la potestad de la Administración de ejecutar sus propias decisiones sin pedirle permiso a un juez ni el consentimiento del afectado. Citan sentencias de la Sala Constitucional que respaldan ese principio y sostienen que el cobro de impuestos por vía judicial es un sistema obsoleto e ineficiente.

Citan estadísticas del Observatorio Judicial al cierre de abril de 2026: 1.449.817 casos en proceso con un tiempo promedio de resolución de 47 meses y 2 semanas, y 770.601 expedientes de cobro judicial, cuya duración describen como de más de cinco años. Afirman que el Poder Judicial no da abasto y que el atraso se agudiza.

Sostienen que judicializar todo el cobro genera congestión, morosidad y estrategias de insolvencia, y que sin herramientas ágiles el Estado no recupera recursos públicos. Alegan que el debido proceso se respeta porque el apremio empieza cuando la deuda ya es líquida y exigible y queda control judicial posterior.

Qué dice el texto

• Quién cobra y cómo: La Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda pasa a decretar y ejecutar embargos por sí misma sobre deudas líquidas y exigibles de impuestos, tasas, contribuciones y multas, sin demandar ante los tribunales.
• El aviso y los 15 días: Antes puede haber un único contacto de cobro persuasivo. Luego se notifica el adeudo y el deudor tiene quince días hábiles para pagar; contra ese oficio no cabe recurso y vencido el plazo se embarga sin más trámite.
• Qué embargan primero: El orden arranca por dinero en efectivo y cuentas bancarias, sigue con salarios y pensiones, créditos y valores, pagos de terceros y tarjetas, ingresos de espectáculos, muebles, inmuebles y establecimientos comerciales.
• Cuánto pueden embargar: Se embarga el capital y los intereses liquidados más un 50% para intereses futuros y costas. De salarios y pensiones rige el tope del Código de Trabajo; de pagos de terceros y espectáculos, hasta el 75%; del resto, hasta el 100%.
• Entrar a la casa: Para ingresar al domicilio del afectado o registrarlo se necesita su consentimiento o una orden de allanamiento de un juez. Los funcionarios del apremio se consideran agentes de autoridad y la policía administrativa debe auxiliarlos.
• Cómo reclamar: Solo se admiten cinco motivos de oposición al embargo —deuda extinta o prescrita, falta de notificación, incumplimiento de las reglas, suspensión judicial o bien ajeno— y oponerse no frena la ejecución; se resuelve en diez días hábiles.
• Quién más responde: Responden solidariamente quienes escondan bienes del deudor, incumplan órdenes de embargo o colaboren en traspasarlos, y las sociedades de mera tenencia de bienes donde el deudor tenga 75% o más; los morosos van a la lista pública.