Responsabilidad presupuestaria

El problema que dice venir a resolver

Quien lo firma parte de que la situación fiscal del país de los últimos años exige reglas que empaten la legislación con la plata que el Estado realmente tiene. Sostiene que el ordenamiento jurídico ha creado obligaciones, programas, competencias y derechos que requieren recursos públicos adicionales sin identificar con claridad de dónde saldrían, lo que presiona el presupuesto nacional y dificulta cumplir lo que la propia ley manda.

Agrega que esa falta de previsión financiera golpea la confianza ciudadana: cuando una ley reconoce derechos sin asegurar las condiciones materiales para ejecutarlos, se crea una expectativa que después se frustra por límites presupuestarios. Afirma que un porcentaje significativo de las leyes aprobadas en las últimas décadas no dice de dónde vendrán los recursos.

Cita los artículos 179 y 180 de la Constitución, que ponen límites al aumento del gasto público sin determinar los ingresos que lo financien, y señala que esa lógica debería regir también el trabajo ordinario de hacer leyes. Menciona además que tres diputaciones anteriores impulsaron una reforma en la misma línea sin que la Asamblea aceptara autorregularse.

Qué dice el texto

• Qué hay que calcular: Todo proyecto de ley que cree, amplíe o aumente gastos públicos debe incorporar una estimación razonada de su impacto presupuestario, es decir, cuánta plata pública le costaría al Estado.
• De dónde sale la plata: Además del cálculo, cada proyecto con nuevo gasto debe señalar las fuentes de financiamiento previstas para ejecutarlo.
• El freno a la deuda: Las propuestas deben procurar que los recursos para aplicarlas no vengan de endeudamiento público, salvo cuando se trate de inversión pública, gastos de capital o situaciones excepcionales debidamente justificadas.
• A quién no aplica: Quedan fuera de la regla los proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, las modificaciones presupuestarias y las reformas constitucionales, que siguen sus propias reglas.
• Dónde se mete la regla: La obligación se incorpora como un artículo nuevo dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la norma que fija cómo los diputados tramitan las leyes.