Código Civil

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que cambiarse el nombre obliga a abrir un proceso judicial ante un juzgado civil, con demanda, publicación de un edicto —un aviso pagado en el diario oficial La Gaceta, cobrado según el tamaño del anuncio— y consulta obligatoria al Ministerio Público, y que ese camino puede tardar meses aunque nadie se oponga y la voluntad de la persona sea clara.

Agregan que el Ministerio Público suele no contestar la consulta y que la espera de esa respuesta, o de las certificaciones de antecedentes del Ministerio de Seguridad Pública, es la principal causa de atraso. Afirman que exigirle a la gente demostrar una "justa causa" ante un juez mete un juicio de valor sobre una decisión personal, y que el costo y la complejidad vuelven el cambio de nombre un privilegio de quien tiene tiempo y recursos.

Citan una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pedida por Costa Rica, según la cual el nombre es un derecho inherente a toda persona y su modificación debe ser accesible y ágil. Recuerdan que el cambio de nombre por identidad de género ya se resuelve en el Registro Civil sin juez, y que España lo tramita ante el Registro Civil y Colombia por escritura ante notario.

Qué dice el texto

• Quién puede y cómo: Toda persona costarricense inscrita en el Registro del Estado Civil puede cambiarse el nombre por un trámite administrativo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, sin tener que ir a un juzgado.
• Cuántas veces: El cambio de nombre por esta vía se puede hacer una única vez.
• Se cae el edicto: Elimina la publicación pagada en el diario oficial La Gaceta que abría un plazo para oponerse, y también deja fuera las publicaciones que exige la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil para corregir asientos.
• Sin Ministerio Público: Desaparece el requisito de que el Ministerio Público sea oído y de recabar un informe de buena conducta y de antecedentes policiales antes de resolver la solicitud.
• Personas menores de edad: Pueden hacer el trámite con la autorización expresa de la persona o personas que ejerzan su representación legal, sean los padres, un tutor u otra figura responsable.
• Quién dicta las reglas: El Tribunal Supremo de Elecciones queda encargado de reglamentar el procedimiento administrativo; mientras no exista ese reglamento, el cambio de nombre sigue por la vía judicial vigente.
• Si ya está en juicio: Quien inició el cambio por la vía judicial y quiera pasarse a la administrativa debe desistir de ese proceso y arrancar de nuevo, sin que ese desistimiento le genere cobro de costas.
• Lo que no cambia: Cambiarse el nombre no borra ni modifica las deudas, obligaciones ni responsabilidades contraídas con el nombre anterior: esa regla del Código Civil se mantiene intacta.