Defensoría de los Habitantes

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la Defensoría existe desde 1992 por la Ley 7319 como órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, pero nunca se le dio rango constitucional. Argumentan que, como ejerce parte de la función de control que la Constitución le asigna al Poder Legislativo, debería estar en la Carta Magna igual que la Sala Constitucional, la jurisdicción contencioso-administrativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría.

Plantean que, sin ese respaldo del texto de mayor rango, la institución queda expuesta a injerencias políticas y a vaivenes que podrían debilitarla o incluso eliminarla, y que eso pesa porque emite informes que cuestionan al propio Estado. Agregan que la fórmula de la Ley 7319, que elige con la mayoría absoluta de los diputados presentes en la sesión, da menos legitimidad al jerarca.

Citan observaciones de 2018 del Subcomité de Acreditación de GANHRI —la alianza mundial que verifica si las instituciones nacionales de derechos humanos cumplen los estándares de la ONU—, según las cuales fundar estas instituciones fuera de la Constitución no asegura su permanencia. Señalan además que, de 22 países de Iberoamérica, 15 les dan rango constitucional y 6 solo rango legal.

Qué dice el texto

• Qué queda en la Constitución: Le da rango constitucional a la Defensoría de los Habitantes: la define como órgano adscrito al Poder Legislativo encargado de defender a las personas frente a actos y omisiones del sector público y de promover la educación en derechos humanos.
• La independencia: Deja escrito en la Constitución que la Defensoría ejerce sus competencias con independencia funcional, administrativa y de criterio: decide sola cómo trabaja, cómo se organiza y qué opina, sin recibir instrucciones.
• Cómo se elige al defensor: El defensor o defensora y su adjunto los nombra la Asamblea Legislativa con la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Ley 7319 pide la mayoría absoluta de los diputados presentes en la sesión.
• Cuánto duran en el puesto: El defensor y el defensor adjunto ejercen cuatro años y pueden ser reelegidos una única vez.
• Las inmunidades: Ambos cargos gozan de las mismas inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes, o sea la protección legal que tienen, entre otros, diputados y ministros.
• Cómo se los puede botar: Responden ante la Asamblea Legislativa, que puede removerlos con la mayoría absoluta del total de sus miembros, siempre que en el expediente que se abra se les comprueben los motivos que fije la ley orgánica de la Defensoría.
• Qué queda en manos de la ley: El funcionamiento interno de la Defensoría lo sigue regulando la ley, no la Constitución.