Ley Orgánica del Poder Judicial

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce el derecho de la persona servidora judicial que no se pensiona en ese régimen a que le trasladen las cuotas obreras, patronales y estatales, pero guarda silencio sobre los intereses, utilidades y plusvalías que esos aportes generaron mientras estuvieron invertidos. Afirman que por esa omisión solo se trasladan las cuotas con la inflación y se dejan por fuera los rendimientos reales obtenidos por encima de ella.

Sostienen que así el monto que llega al régimen receptor no refleja el valor real de lo acumulado durante años o décadas, y que la persona termina obligada a cubrir de su bolsillo la diferencia que le exige ese régimen o a enfrentar limitaciones para consolidar su pensión. Agregan que el régimen de origen se queda con una ventaja patrimonial sin causa jurídica, lo que llaman enriquecimiento sin causa.

Citan el artículo 9 del Protocolo de San Salvador —tratado americano sobre derechos económicos y sociales— como obligación de que las prestaciones mantengan su valor real, y los artículos 45, 50 y 73 de la Constitución sobre propiedad, bienestar y seguridad social.

Qué dice el texto

• Qué se traslada: El traslado a la CCSS o al régimen básico que otorgue la pensión incluye las cuotas obreras, patronales y estatales actualizadas a valor presente con la tasa de rendimiento promedio de las inversiones de la reserva del Fondo judicial, mes a mes.
• Lo que se descuenta: Antes de trasladar se resta el costo actuarial de aseguramiento, o sea lo que el Fondo calcula que costó cubrir a esa persona mientras estuvo afiliada. Tampoco hay devolución de cuotas en efectivo a la persona.
• El sobrante va al ROP: Si lo calculado por los aportes hechos desde el 18 de febrero de 2000 supera lo que pide el régimen básico por ese mismo período, la diferencia de la cuota obrera se traslada al Régimen Obligatorio de Pensiones de la operadora donde esté afiliada la persona.
• Si el Fondo pide de más: Cuando el monto pedido resulte mayor a lo cotizado al Fondo judicial, solo se envía lo que determine el cálculo actuarial, es decir el estudio técnico que fija cuánto vale ese ahorro.
• Lo que le cobran a quien entra: Quien se jubila con el Fondo judicial y trajo cotizaciones de otras instituciones debe reintegrar la diferencia que falte, actualizada a valor presente con la tasa de rendimiento promedio que el Fondo habría obtenido de haber invertido esas sumas.
• El desglose: El valor presente de las cuotas trasladadas debe detallarse según su origen —obrera, patronal, estatal y total— y según la fecha en que se hizo cada aporte.
• Casos ya en camino: Alcanza a quienes no han consolidado pensión judicial y están por trasladarse, a las solicitudes sin resolución firme, y a quienes ya tenían el traslado aprobado pero no se concretó por no pagar la diferencia, si la plata sigue en el Fondo.