Competencias de la Contraloría

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la Contraloría pasó de fiscalizar la legalidad en el manejo de los fondos públicos a coadministrar: sustituir o condicionar decisiones que corresponden a la administración activa, o sea a los jerarcas que dirigen, deciden y ejecutan. Citan como ejemplos órdenes al ICE de pedir un aumento de tarifas ante la ARESEP, al MEP de preparar una política educativa y al MINAE de definir su ordenamiento estratégico.

Agregan un listado de informes del órgano contralor que, según ellos, imponen metodologías, definen política pública o evalúan de previo la conveniencia de decisiones administrativas. Afirman que el sistema de controles se construyó sobre la desconfianza y la sospecha generalizada, que entorpece el funcionamiento de las instituciones, retrasa la gestión e impide atender a tiempo las necesidades de la ciudadanía.

Invocan la jurisprudencia constitucional: el voto 998-98, según el cual el legislador no puede rebajar las competencias del órgano contralor, y la resolución 2024-021375, que según ellos avaló que la ley aclare que la Contraloría no puede sustituir ni abarcar asuntos de la administración activa. Sostienen que la reforma no debilita la fiscalización ni la lucha contra la corrupción.

Qué dice el texto

• Qué puede fiscalizar: La Contraloría fiscaliza solo el resguardo de los fondos públicos y a posteriori, es decir después de que la administración actúa; la finalidad del control pasa a ser la legalidad en el manejo de esos fondos.
• Prohibido coadministrar: Ni la Contraloría ni las auditorías pueden sustituir o abarcar competencias de la administración activa —la que decide, ejecuta y resuelve—, ni sustituir sus decisiones de oportunidad y conveniencia, ni evaluar de previo su gestión.
• El control de eficiencia: Deroga la potestad de control de eficiencia de la Ley Orgánica de la Contraloría: el órgano contralor deja de revisar qué tan eficiente es la gestión y se concentra en la legalidad del manejo de los fondos.
• Las investigaciones: Las investigaciones y sumarios de la Contraloría no pueden suspender estudios, análisis, actos ni contratos del Estado o sus instituciones; esa suspensión solo la puede ordenar un juez.
• La auditoría interna: La auditoría interna queda definida para fiscalizar exclusivamente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos autorizados, y sus informes se centran en riesgos sobre el resguardo de fondos públicos.
• Control que es opcional: Sobre entes públicos no estatales y sujetos privados que administran fondos públicos la fiscalización es facultativa: la Contraloría decide si la ejerce y, si no lo hace, debe explicarlo a la Asamblea Legislativa en su memoria anual.
• Reclamos contra el órgano: La Contraloría queda sujeta a los plazos comunes de impugnación de actos administrativos; si sus funcionarios no resuelven los recursos a tiempo, responden disciplinariamente.