Concesión de obra pública

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el Estado no tiene capacidad técnica, financiera ni operativa para sacar adelante concesiones complejas, y que eso ha retrasado obras de alto impacto. Afirman que la ley de concesión vigente trata de forma atrofiante a la iniciativa privada —proyectos que un particular idea y presenta sin que el Estado se los pida—, con barreras que frenan sobre todo los proyectos intensivos en tecnología.

Alegan que, al obligar a licitar después de que el privado estructuró y pagó todos los estudios, la información estratégica que generó puede caer en manos de competidores; dicen que el riesgo y el costo de participar son tan altos que se presentan menos iniciativas, se desincentiva la innovación y se impone un costo de oportunidad a la ciudadanía.

Citan la Guía Legislativa de la CNUDMI (comisión de Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional) y los casos de Canadá y Puerto Rico, y sostienen que el diseño respeta los parámetros que la Sala Constitucional fijó para que una ley pueda autorizar contrataciones directas: reglas delimitadas, carácter excepcional y control.

Qué dice el texto

• Quién puede proponer: Permite que cualquier persona física o jurídica presente a la Administración una iniciativa privada integral: una obra con servicio público que ella misma idea, estudia y financia, sin que el Estado se la haya pedido.
• Sin plata pública: El Estado no aporta fondos, no garantiza ingresos mínimos ni asume deuda. El privado recupera su inversión con las contraprestaciones cobradas a usuarios y beneficiarios, incluidas multas por infracciones de tránsito e ingresos compartidos.
• Adjudicación directa: Autoriza contratar directamente con el proponente, sin concurso, si se registra en el sistema digital de compras públicas y se motiva y publica la resolución del jerarca. En municipalidades la emite el alcalde y la ratifica el concejo.
• Cuándo no procede: No cabe la adjudicación directa si la Administración ya publicó el cartel de licitación de esa concesión: en ese caso el proyecto debe adjudicarse por las reglas ordinarias de licitación.
• Las tarifas: Si la inversión se recupera mediante tarifas, la Administración debe consultar a la ARESEP, la autoridad que regula los servicios públicos, y obtener su aprobación antes de autorizar el modelo financiero.
• Los estudios y su costo: El proponente paga los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y su información se declara confidencial y exclusiva. Un fideicomiso, también costeado por él, contrata consultores independientes para validar el proyecto.
• Tecnología y propiedad intelectual: El privado conserva la titularidad del software, diseños y patentes; al terminar la concesión el Estado recibe los bienes físicos operativos y licencias para seguir prestando el servicio, más manuales y documentación técnica.