Competencias del INDER

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que la Ley 9036, que convirtió el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), amplió sus funciones más allá de entregar tierra para agricultura y ganadería, y abrió la puerta a comprar terrenos para agroindustria, servicios, infraestructura, uso público o proyectos ecoturísticos.

Sostienen que la Ley 7779 y su reglamento obligan al instituto a contar con estudios de capacidad de uso de la tierra —el grado óptimo de aprovechamiento de un terreno según sus limitaciones para producir cultivos de forma sostenida— antes de adquirir fincas, y que ese estudio no mide lo que necesita un proyecto de otra índole, sobre todo si implica construir.

Afirman que esa regla quedó pensada para la época en que el instituto solo dotaba tierra con fin agropecuario, y que sin el ajuste persisten antinomias, o sea contradicciones entre normas, que traban la compra de terrenos para un desarrollo rural más integral. Agregan que el Poder Ejecutivo tendría que modificar el reglamento una vez reformada la ley.

Qué dice el texto

• Cuándo se pide estudio de suelo: El INDER queda obligado a tener estudios de capacidad de uso de la tierra —qué tan apta es para cultivar de forma sostenida— solo antes de comprar terrenos para dotar de tierra a proyectos agropecuarios.
• Proyectos que no son agro: Para comprar tierras destinadas a proyectos de otra naturaleza, el INDER define y aplica, por medio de sus unidades técnicas, los estudios que correspondan según el tipo de proyecto, según su normativa interna y la ley.
• Perder la parcela: Se agrega como motivo para revocar o extinguir la adjudicación dar al terreno un uso contrario a su capacidad de uso en proyectos agropecuarios, o incumplir las limitaciones técnicas esenciales del proyecto que justificó la entrega.
• El límite al uso del terreno: Toda adjudicación queda limitada a no usar el terreno contra su capacidad de uso si el proyecto es agropecuario, o contra los estudios técnicos si es de otra naturaleza; incumplirlo acarrea la revocatoria de la adjudicación.
• Si muere la persona parcelera: Se mantiene el traspaso del contrato al heredero designado, a los herederos que sigan juntos la explotación o al que definan los coherederos; si no hay heredero apto, el INDER puede adjudicarse la parcela en sede judicial.
• Cuando el INDER se queda la finca: Para adjudicarse judicialmente la parcela de una persona fallecida, el INDER debe cumplir las reglas de estudios de la Ley 7779 sobre adquisición y adjudicación de terrenos.
• El plazo al Ejecutivo: El Poder Ejecutivo tiene seis meses para adecuar el reglamento de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y armonizarlo con esta reforma.