Ley Katherine Garro

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que el país vive una grave crisis de violencia de género y que el ordenamiento jurídico tiene falencias: sostienen que no hay control real sobre el cumplimiento de las penas alternativas (las que sustituyen la cárcel) ni sobre las medidas de protección, que falta tratamiento para las personas con tendencia a la violencia y que las instituciones no se coordinan ni llevan estadística suficiente para evaluar qué funciona.

Citan al Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial: en 2024 hubo 81 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 30 ya se clasificaron como femicidios. Mencionan también un reporte de El Observador sobre 12 aparentes femicidios ocurridos en 2025 hasta el 13 de marzo, 323.442 solicitudes de medidas de protección por violencia doméstica ingresadas entre 2019 y 2025, y 528 denuncias por tentativa de femicidio entre 2019 y 2022.

Invocan la obligación del Estado, derivada de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de dar protección efectiva a las mujeres. Como ejemplo de lo que dicen que se puede evitar, relatan el caso de Katherine Garro, asesinada por su expareja pese a que él tenía medidas de protección en su contra y antecedentes previos.

Qué dice el texto

• El monitoreo electrónico: Obliga a respaldar con monitoreo electrónico de localización —un sistema que le permite a la autoridad saber dónde está la persona— la orden de salir del domicilio, la de no acercarse a la víctima y la prohibición de residencia.
• El programa para agresores: Toda medida de protección debe acompañarse de la obligación del presunto agresor de llevar un programa reeducativo y psicoterapéutico para ofensores; también lo deben llevar los condenados a penas alternativas, salvo el extrañamiento o expulsión del país.
• Violencia vicaria: Las medidas de protección de la Ley contra la Violencia Doméstica pasan a aplicarse también a situaciones de violencia vicaria: la que se ejerce contra una persona haciéndole daño a alguien cercano a ella.
• Quién los da y quién paga: El IAFA debe crear y ejecutar un programa de tratamiento de adicciones y, junto con el Inamu, acreditar cada año ante la Corte entidades públicas y privadas. El Estado paga el tratamiento, salvo si la persona condenada tiene recursos suficientes.
• El control del cumplimiento: El Ministerio de Justicia y Paz vigila las penas alternativas con una oficina especializada de Adaptación Social y debe avisar de inmediato al juzgado de ejecución si alguien incumple; con Poder Judicial y Seguridad Pública fija protocolos.
• Los datos: El Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Paz deben llevar estadística mensual de delitos, reincidencia, penas impuestas y su cumplimiento, desagregada por características del condenado, de la víctima y por zona, sin identificar personas.
• La condena sin cárcel: Quien reciba ejecución condicional de la pena —cumplir condiciones en libertad en vez de ir a prisión— por delitos de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres queda obligado a llevar el programa para ofensores.