Funcionarios que favorezcan al narco

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que funcionarios públicos benefician de forma constante al narcotráfico usando su cargo: adjudican contratos del Estado y dan permisos, concesiones o resoluciones que ayudan a esas organizaciones. Según la exposición, así las bandas aparentan ser negocios lícitos u ocultan el origen de su dinero.

Citan la detención de seis funcionarios en San Carlos, entre ellos cuatro policías de tránsito, señalados de trasladar droga en patrullas y proteger a una organización criminal. También mencionan la detención en 2021 de 14 funcionarios de AyA por facilitar licitaciones a grupos criminales, y la del alcalde de Corredores por usar recursos municipales en obras para una de esas organizaciones.

Reconocen que varias de las personas señaladas no han sido condenadas. Argumentan que, por el principio de legalidad (nadie puede ser castigado por algo que la ley no defina antes como delito), hace falta un delito específico. Piden castigar más a los altos jerarcas por estar a cargo de la seguridad del país.

Qué dice el texto

• La pena base: Quien use su cargo o su relación personal o jerárquica con un funcionario, real o simulada, para que este haga, atrase u omita un nombramiento, contrato, concesión o resolución que dé una ventaja indebida, arriesga de tres a cinco años de cárcel.
• A quién aplica: Se castiga igual si la influencia se ejerce directamente o por interpósita persona, es decir, a través de un intermediario. También se castiga a quien use u ofrezca esa influencia.
• Si beneficia al narco: La cárcel sube a entre cinco y diez años si la ventaja es para personas investigadas, indiciadas (señaladas como sospechosas) o condenadas por delitos de la ley de drogas, que incluye lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Si viene de arriba: La pena de cinco a diez años también aplica si la influencia viene del presidente o vicepresidente, de miembros de los Supremos Poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) o del TSE, del contralor, del procurador o del fiscal general.
• Jefes y partidos: También sube la pena si la influencia viene del defensor de los habitantes, del subcontralor o de los adjuntos de esos cargos, del jefe de quien debe resolver o de dirigentes nacionales de partidos políticos.