Funcionarios que favorezcan al narco
Nombre oficial: Proyecto de ley para sancionar a funcionarios que favorezcan al narco y al crimen organizado
Dónde va
Ver quién lo presentó
Andrés Ariel Robles Barrantes, Priscilla Vindas Salazar, Sofia Alejandra Guillén Pérez, Johnatan Jesús Acuña Soto, Antonio José Ortega Gutiérrez
Ver en qué comisión se vio
- Comisión de Seguridad y Narcotráfico16 ago 2024 – 11 mar 2026 · desde el 15 oct 2026
Según la tramitación oficial de la Asamblea.
Necesita la mayoría de quienes estén presentes (29 si votan los 57) · puede subir a 38 durante el trámite
Por qué
Mayoría absoluta — 29 de 57 si votan todos
La regla general (art. 119) es la mitad más uno de los diputados presentes: 29 si votan los 57. Para algunos proyectos, un informe del Departamento de Servicios Técnicos o un criterio de la Sala Constitucional puede elevar el requisito a 38; eso se determina durante el trámite, no se sabe de antemano.
Qué sigue
Queda pendiente un segundo día de mociones vía artículo 137 en la comisión, donde se planteó trabajar una moción consensuada que amplíe el agravante.
De qué trata
Sube la pena por tráfico de influencias a favor del narco
Proyecto de ley, según Villalta muy avanzado, para sancionar a funcionarios que favorezcan al narcotráfico y al crimen organizado.
Para conversar
El problema que dice venir a resolver
Quienes lo firman sostienen que funcionarios públicos benefician de forma constante al narcotráfico usando su cargo: adjudican contratos del Estado y dan permisos, concesiones o resoluciones que ayudan a esas organizaciones. Según la exposición, así las bandas aparentan ser negocios lícitos u ocultan el origen de su dinero.
Citan la detención de seis funcionarios en San Carlos, entre ellos cuatro policías de tránsito, señalados de trasladar droga en patrullas y proteger a una organización criminal. También mencionan la detención en 2021 de 14 funcionarios de AyA por facilitar licitaciones a grupos criminales, y la del alcalde de Corredores por usar recursos municipales en obras para una de esas organizaciones.
Reconocen que varias de las personas señaladas no han sido condenadas. Argumentan que, por el principio de legalidad (nadie puede ser castigado por algo que la ley no defina antes como delito), hace falta un delito específico. Piden castigar más a los altos jerarcas por estar a cargo de la seguridad del país.
Qué dice el texto
El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 27 de octubre de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.
- La pena base: Quien use su cargo o su relación personal o jerárquica con un funcionario, real o simulada, para que este haga, atrase u omita un nombramiento, contrato, concesión o resolución que dé una ventaja indebida, arriesga de tres a cinco años de cárcel.
- A quién aplica: Se castiga igual si la influencia se ejerce directamente o por interpósita persona, es decir, a través de un intermediario. También se castiga a quien use u ofrezca esa influencia.
- Si beneficia al narco: La cárcel sube a entre cinco y diez años si la ventaja es para personas investigadas, indiciadas (señaladas como sospechosas) o condenadas por delitos de la ley de drogas, que incluye lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Si viene de arriba: La pena de cinco a diez años también aplica si la influencia viene del presidente o vicepresidente, de miembros de los Supremos Poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) o del TSE, del contralor, del procurador o del fiscal general.
- Jefes y partidos: También sube la pena si la influencia viene del defensor de los habitantes, del subcontralor o de los adjuntos de esos cargos, del jefe de quien debe resolver o de dirigentes nacionales de partidos políticos.
El porqué sale de la exposición de motivos y los puntos, del articulado del texto presentado el 6 de junio de 2024. El argumento es de quienes lo firman; el proyecto puede cambiar durante el trámite.
El expediente completo —con el texto del proyecto— está en la consulta de expedientes de la Asamblea (se busca con el número 24.371).
Qué pasó la semana del 19 al 25 de octubre
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico conoció en el primer día las mociones de fondo vía artículo 137 sobre este proyecto, que ya había sido dictaminado en el periodo anterior. Rechazó por 4 votos a 5 un texto sustitutivo del diputado Villalta Flórez-Estrada. Ese texto aclaraba que basta favorecer a una sola persona imputada, y no a varias, para que se configure el agravante. La presidenta a.i. Calvo Cruz consideró que el texto se quedaba corto. Las otras tres mociones se rechazaron por 0 votos a 8, a pedido del mismo Villalta: una mantenía el texto actual y dos, heredadas de la legislatura anterior, bajaban la pena.
jue, 22 oct · Comisión
Fuente: el acta de la sesión 14 de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico (jue, 22 oct). La Asamblea no permite enlazarla directo: se busca por fecha en su consulta de actas de comisiones.
Quién lo apoya y quién lo objeta
Las 4 voces cuya posición sobre este proyecto quedó explicada en las actas de las 3 sesiones que hemos leído — no es el marcador de una votación, e incluye voces que no votan, como ministerios e instituciones invitadas. Cada quien queda del lado que sostuvo más veces.
Defiende el agravante porque la pena por tráfico de influencias es demasiado baja y el delito es más grave cuando favorece al crimen organizado.
Defiende el agravante porque la pena por tráfico de influencias es demasiado baja y el delito es más grave cuando favorece al crimen organizado. Se abre a ampliarlo con una moción consensuada.
Pide aprobar ya la mejora y perfeccionarla después, porque el crimen organizado está entrando en el poder y hay que cerrar portillos aunque sea poco a poco.
Objeta que el agravante alcance a personas apenas investigadas o indiciadas, porque no se ha demostrado que sean delincuentes.
Objeta que el agravante alcance a personas apenas investigadas o indiciadas, porque no se ha demostrado que sean delincuentes. Duda de cómo encaja la influencia sobre un juez en la figura de beneficio económico. Vota en contra del texto sustitutivo.
Está de acuerdo en subir las penas, pero cree que el texto se queda corto y deja portillos.
Está de acuerdo en subir las penas, pero cree que el texto se queda corto y deja portillos. Propone trabajar un proyecto nuevo con un agravante común para todos los delitos funcionales. Vota en contra del texto sustitutivo.
Otra voz sin fracción solo aparece votando mociones de trámite, sin que el acta diga por qué.