Prisión preventiva

El problema que dice venir a resolver

Quien firma parte de que en Costa Rica no hay un vacío legal en prisión preventiva —la cárcel que se ordena antes del juicio, mientras se investiga—, sino una brecha técnica entre las causales que ya están en el Código Procesal Penal y la sofisticación de los riesgos actuales: estructuras criminales organizadas, intimidación de víctimas y testigos, y recursos que facilitan la fuga o la obstrucción de la investigación.

Sostiene que la lectura tradicional del peligro de fuga y de obstaculización no capta bien esas formas: la prueba puede alterarse sin contacto físico porque está en servidores, sistemas cifrados o activos digitales; la evasión puede depender de recursos de activación inmediata; y el arraigo, o sea los lazos de domicilio, familia y trabajo que atan a una persona al país, se aprecia de forma automática aunque el contexto revele capacidades que lo neutralizan.

Agrega que esa brecha la ha venido atendiendo la práctica judicial con instrumentos normativos poco detallados, y que sin la reforma seguiría la dispersión en los argumentos de las resoluciones. Aclara que no busca ampliar las causales ni flexibilizar garantías, sino exigir motivación más rigurosa, invocando los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Qué dice el texto

• La solicitud del fiscal: Si el Ministerio Público alega circunstancias tecnológicas, organizativas, relacionales o logísticas, debe apoyarse en hechos concretos, actuales y atribuibles a la persona imputada, expuestos y discutidos en audiencia oral con la defensa presente.
• Medidas menos graves primero: Antes de ordenar prisión, el juez debe valorar de forma expresa si otras medidas alcanzan y explicar por qué prohibiciones, controles o supervisiones son insuficientes. Que la defensa no proponga alternativas no releva al fiscal ni al tribunal.
• El peligro de fuga: En casos de crimen organizado o redes de colaboración se valora la posición del imputado dentro de la estructura. El juez debe razonar si el arraigo —domicilio, familia, trabajo— alcanza para contener el riesgo o si hay capacidad actual de gestionar la fuga.
• La prueba digital: Suma como señal de obstaculización el control actual o reciente sobre cuentas, dispositivos, servidores, claves, entornos cifrados o activos digitales con evidencia, y la posibilidad de alterarla o borrarla, incluso si está pendiente de análisis.
• Peligro para la víctima: Crea criterios propios para ese riesgo: incumplir órdenes de protección o prohibiciones de acercamiento, actos de intimidación o represalia posteriores al inicio del proceso, y condiciones que permitan prever una afectación a esas personas.
• Los informes de apoyo: La fiscalía puede sustentar el pedido con informes preliminares periciales, policiales o técnicos, actas de aseguramiento y documentación digital forense; no valen como prueba definitiva ni sustituyen el juicio oral ni el deber de motivar.
• La orden escrita: La resolución debe decir qué fin procesal protege, cómo se conectan los hechos con el riesgo y la fecha en que vence el plazo máximo de encierro. Las mismas exigencias rigen al mantener, sustituir, revisar o prorrogar la medida.