Levantamiento del secreto bancario

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el crimen organizado depende del lavado de dinero, o sea disfrazar ingresos ilícitos para que parezcan legales, y se aprovecha de los obstáculos para rastrear sus movimientos. Señalan que la Ley contra la Delincuencia Organizada exige que un juez apruebe, a pedido del Ministerio Público, el acceso a la información bancaria. Dicen que ese trámite es lento por la mora judicial y por la tardanza de las entidades financieras.

Citan al jefe de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, que en 2022 dijo a la prensa que obtener esa información puede tardar meses o años. Según esa misma fuente, el dinero se mueve en minutos. También citan que 2023 cerró con 907 homicidios, el año más violento registrado. El subdirector del OIJ atribuye más del 60% de esos homicidios al narcotráfico y a estructuras criminales.

Advierten que el lavado empuja los precios a niveles artificialmente bajos y puede sacar del mercado a empresas legales. Citan un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2023, que señala la construcción, los bienes raíces y la hotelería como sectores sensibles.

Qué dice el texto

• Sin juez: La Fiscalía General puede pedir la información bancaria con una resolución fundamentada, sin autorización judicial. La ley vigente exige que un juez lo apruebe.
• A quién aplica: Alcanza a los imputados y a cualquier persona física o empresa vinculada a una investigación por delincuencia organizada, nacional o transnacional.
• El plazo del banco: Las entidades financieras deben entregar lo pedido en no más de diez días hábiles. Cada pedido debe ser individualizado y limitarse a lo estrictamente necesario para investigar.
• Si hay abuso: Si no se cumplen esas condiciones, la persona afectada puede reclamar ante el juzgado correspondiente. El reclamo nunca detiene el acceso a la información.
• El congelamiento: Desde el aviso formal de una investigación del Ministerio Público o del ICD (Instituto Costarricense sobre Drogas), la entidad debe resguardar documentos y congelar el dinero o depositarlo en el Banco Central.
• Hasta cuándo: El resguardo y el congelamiento terminan cuando se notifica que el proceso terminó o se archivó, o que hubo un sobreseimiento, o sea un cierre de la causa a favor del investigado, o una sentencia absolutoria firme.
• El aviso al fiscal: Si la investigación la abre la Unidad de Análisis Financiero del ICD, esta debe avisar al Ministerio Público. La Fiscalía tiene cinco días naturales para valorar si pide la información a los bancos.