Legitimación de capitales

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la legitimación de capitales —darle apariencia legal a la plata del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado— daña el orden socioeconómico y la credibilidad de las instituciones, y que su investigación arroja resultados deficientes mientras los delincuentes usan testaferros, redes de sociedades y activos virtuales, o sea representaciones digitales de valor, para esconder ganancias.

Citan la Evaluación Nacional de Riesgos, que ubica la promoción y compraventa de inmuebles entre las diez actividades con mayor riesgo de lavado por el uso habitual de efectivo, y recomendaciones de la Convención de la ONU contra la Corrupción para precisar cuáles cargos públicos son más vulnerables y extender los controles sobre las PEP, las personas expuestas políticamente, a familiares y allegados.

Recuerdan que en 2015 el país fue evaluado con resultados por debajo del mínimo aceptable por el GAFI, el organismo que fija los estándares internacionales antilavado, y advierten que sin estas reformas una nueva evaluación podría salir mal, con riesgo de caer en la lista gris del GAFI —la lista pública de países con deficiencias— y costos para los sectores económicos y el sistema financiero.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 14 de septiembre de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• La base de datos: Obliga a los sujetos obligados —bancos y demás entidades vigiladas— a consultar, antes de abrir cualquier producto o servicio, una base de datos de clientes administrada por la SUGEF, con autorización de la persona.
• Sus datos: Cualquier cliente puede pedirle a una entidad copia de lo que consta sobre él en esa base y exigir que se corrija si no refleja su situación real; filtrarla se castiga como delito y el funcionario queda destituido sin responsabilidad patronal.
• Quién paga: Crea un canon, o sea un cobro periódico, a cargo de las entidades supervisadas para pagar el desarrollo, la operación y el mantenimiento de la base; algunas personas físicas y jurídicas señaladas en la ley quedan exentas.
• Plata congelada: Obliga a la entidad a inmovilizar preventivamente hasta por 72 horas el dinero que entre y le resulte sospechoso, y a avisarle a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD en un día hábil como máximo.
• Sin aviso al cliente: Prohíbe contarle al cliente o a cualquier otra persona que fue reportado por sospecha; ese reporte no puede sumarse al expediente judicial y su uso incorrecto se sanciona como falta grave.
• Políticos y allegados: Obliga a vigilar con diligencia reforzada a las personas expuestas políticamente (PEP) —cargos públicos de alto nivel—, sus familiares hasta segundo grado y socios cercanos; siguen siendo PEP ocho años después de dejar el puesto y los presidentes, de por vida.
• Las penas: Castiga con prisión de cinco a quince años financiar el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, incluso usando activos virtuales, es decir representaciones digitales de valor.