Subejecución presupuestaria

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que año con año varias instituciones del sector público dejan sin gastar parte del dinero que tenían aprobado —lo que llaman subejecución presupuestaria— y que eso refleja debilidades en la planificación, la formulación del presupuesto, la contratación administrativa, el seguimiento de proyectos y la coordinación entre instituciones.

Citan liquidaciones del presupuesto de la República según las cuales los recursos no ejecutados fueron cerca de ₡552 mil millones en 2022 (4,91% del presupuesto final), ₡763 mil millones en 2023 (6,38%) y unos ₡586 mil millones en 2024 (4,77%). Agregan que la deuda del Gobierno central pasó de unos ₡3,9 billones en 2008 a ₡29,3 billones en 2024, un aumento acumulado superior al 650%, y que la deuda interna supera el 70% del total.

Advierten que lo más grave es la baja ejecución de proyectos pagados con créditos externos: de unos US$3.188 millones aprobados, dicen, se habían desembolsado alrededor de US$1.292 millones, un 40,6%. Afirman que eso obliga a pagar intereses y comisiones por plata que no se usa, atrasa obras estratégicas y presiona las finanzas públicas.

Qué dice el texto

• Justificar lo no gastado: Obliga a cada institución a identificar, analizar y justificar cuánto de su presupuesto quedó sin ejecutar, siguiendo criterios técnicos que define el Ministerio de Hacienda por reglamento.
• Dos tipos de subejecución: Divide la plata no gastada en justificada, la que ya está comprometida en obligaciones adquiridas, y no justificada, la que no se usó ni se comprometió con nadie.
• Plata de préstamos: Los recursos no ejecutados que se financiaron con endeudamiento público deberán destinarse de forma prioritaria a amortizar esa misma deuda, o sea a rebajar el saldo, salvo justificación técnica motivada.
• Gastar por gastar: Impide cambiar el plan de compras metiendo nuevas necesidades solo porque no se hicieron los concursos programados o para sostener el nivel de gasto del año siguiente, salvo casos debidamente justificados.
• Cómo se mide la ejecución: La evaluación no puede quedarse en el porcentaje de plata gastada: debe pesar eficiencia, calidad, oportunidad, sostenibilidad y cumplimiento de metas, para no premiar el gasto apurado de fin de año.
• Informe al Congreso: Hacienda debe entregar cada año a la Asamblea un informe con la subejecución del sector público, sus causas, la plata de deuda sin usar, lo aplicado a amortización y alertas tempranas sobre créditos externos atrasados.
• Informe de cada institución: Toda institución pública debe rendir un informe anual a Hacienda, con copia a la Comisión de Asuntos Hacendarios, sobre ejecución, subejecución y medidas correctivas; ese informe es insumo obligatorio del presupuesto siguiente.
• El plazo para ajustarse: Las instituciones tienen doce meses para adecuar sus sistemas de planificación, seguimiento y control presupuestario, y Hacienda seis meses para emitir los lineamientos de clasificación de la subejecución.