Liquidación del presupuesto 2025
Nombre oficial: Liquidación de presupuestos públicos y dictamen de la Contraloría General de la República del 2025
Qué es este asunto
No es un proyecto de ley — es una moción que la Asamblea tramita como expediente
Así tramita la Asamblea las investigaciones de control político, las comisiones especiales y asuntos como la liquidación del Presupuesto Nacional: vota la moción, pero de aquí no sale una ley.
Liquidación aprobadaEn estudio desde el 7 de mayo de 2026 · 24 días
Así lo registra la tramitación oficial de la Asamblea Legislativa.
La estudia la Comisión de Asuntos Hacendarios · 9 diputaciones
Qué sigue
El resultado se comunica al Poder Ejecutivo, a la Contraloría General de la República y a la Presidencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
De qué trata
Da por buena la ejecución del presupuesto del 2025
No cambia normas: es la entrega anual de la Contraloría a la Asamblea Legislativa, con el dictamen sobre la liquidación de ingresos y gastos del presupuesto de la República de 2025 y el informe sobre la regla fiscal, el tope al crecimiento del gasto público.
Según el texto presentado el 6 de mayo de 2026. El proyecto puede cambiar durante el trámite.
Para conversar
El problema que dice venir a resolver
La Contraloría presenta estos documentos como cumplimiento de su deber constitucional de rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa, y sostiene que su labor de fiscalización debe traducirse en valor público concreto para la ciudadanía en un entorno que describe como complejo y cambiante.
Advierte que su presupuesto institucional viene decreciendo en términos reales desde hace más de una década, lo que —según plantea— compromete la inversión en tecnología, la retención del personal (dice que no ha podido dar ajustes salariales técnicos desde hace años) y la continuidad del servicio que presta. A la vez reporta un fuerte aumento de denuncias ciudadanas y de recursos en contratación pública atendidos con el mismo personal.
Sostiene que este tema de fondo trasciende sus competencias y requiere análisis y decisiones de la Asamblea Legislativa; de lo contrario, afirma, se arriesga la continuidad de los servicios de fiscalización. También señala un debilitamiento en la capacidad de las instituciones fiscalizadas para atender a tiempo sus disposiciones y órdenes.
Qué dice el texto
- Qué se entrega: La Contraloría remite a la Asamblea Legislativa su Memoria Anual: el conjunto de informes con los que el órgano contralor rinde cuentas del año económico ante el Congreso.
- La liquidación del presupuesto: Incluye el dictamen sobre la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto de la República: el balance de lo que el Gobierno efectivamente recaudó y gastó en el ejercicio.
- Las metas del plan nacional: Incorpora el dictamen sobre el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y sobre los resultados físicos del Gobierno.
- La regla fiscal: Trae el informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal, o sea el límite legal al crecimiento del gasto público establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
- Protección social privada: Abre con un artículo de opiniones y sugerencias sobre los servicios de protección social que prestan entidades privadas financiadas con fondos públicos.
- Cómo trabajó la Contraloría: Cierra con el informe de labores del propio órgano contralor: su desempeño estratégico, el auxilio a la Asamblea, denuncias y sanciones tramitadas y sus limitaciones presupuestarias.
El porqué sale de la exposición de motivos y los puntos, del articulado del texto presentado el 6 de mayo de 2026. El argumento es de quienes lo firman; el proyecto puede cambiar durante el trámite.
El expediente completo —con el texto del proyecto— está en la consulta de expedientes de la Asamblea (se busca con el número 25.592).
Qué pasó la semana del 25 al 31 de mayo
Se informó a los diputados que la Contraloría envió la Memoria Anual 2025. Se anunció que se programarán audiencias correspondientes.
mié, 27 may · Comisión
Fuente: el acta de la sesión 3 de la Comisión de Asuntos Hacendarios (mié, 27 may). La Asamblea no permite enlazarla directo: se busca por fecha en su consulta de actas de comisiones.
Quién lo apoya y quién lo objeta
Las 15 voces cuya posición sobre este asunto quedó explicada en las actas de las 10 sesiones que hemos leído — no es el marcador de una votación, e incluye voces que no votan, como ministerios e instituciones invitadas. Cada quien queda del lado que sostuvo más veces.
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Defiende la gestión presupuestaria del Gobierno, afirma que se cumplió la Regla Fiscal con alto margen, destaca mejoras en el manejo de la Deuda Pública y en la ejecución presupuestaria, y critica a la Contraloría por no querer verificar la Regla Fiscal conforme al Reglamento vigente.
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Defiende el Informe Afirmativo de Mayoría, argumentando que hay diferencias legítimas con la posición de la Contraloría sobre la aplicación de la Regla Fiscal y la ejecución presupuestaria, y que el informe busca salvaguardar tres temas fundamentales de gestión presupuestaria.
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Defiende aprobar la liquidación: se ejecutó 94,3% de los egresos, improbar no recupera recursos y la Contraloría se niega a aplicar la metodología legal de la regla fiscal avalada por el Tribunal Contencioso
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Sostiene que el dictamen de la Contraloría sobre el MEP tiene imprecisiones técnicas y que los supuestos gastos no registrados corresponden a deudas con Jupema y reclamos que ya se están pagando
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Sustenta el Informe Negativo de Minoría con cinco argumentos técnicos: desvinculación crecimiento-recaudación, ingresos tributarios por debajo de lo presupuestado, subejecución del gasto, rigidez estructural del gasto y problemas de calidad en la gestión pública.
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Critica la aplicación de la Regla Fiscal a instituciones con recursos propios, el desconocimiento de la deuda con la CCSS y los recortes en programas sociales; se reserva tiempo para continuar en la sesión ordinaria, sin declarar voto formalmente.
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Enumera diez razones para el voto negativo: opinión adversa de la Contraloría, gastos no registrados, inconsistencias en TRIBU-CR, subejecución de 700.000 millones y créditos externos con hasta once años en ejecución
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Anuncia voto negativo al Informe Afirmativo de Mayoría, alineándose con el dictamen adverso de la Contraloría; advierte que el PLN no aprobará eurobonos ni ningún financiamiento sin un compromiso de pago a la CCSS.
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Cuestiona que se pidieran sacrificios y recortes en educación, becas y vivienda mientras la Contraloría concluye que la liquidación no refleja razonablemente la realidad financiera del Estado
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Vincula la liquidación con el decreto de secreto de Estado que cubre presupuestos, contratos y adjudicaciones, y sostiene que esconder las contrataciones solo favorece al corrupto
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Advierte contracción de los ingresos tributarios, crecimiento de la deuda con la CCSS y uso del recorte presupuestario como presión sobre la independencia del Poder Judicial
Sostiene que el crecimiento se concentra en zonas francas y que la inflación negativa se explica por caída de la demanda, no por abaratamiento real de la vida
Objeta que se congelaran 2.750 millones para 220 plazas policiales en plena crisis de seguridad y que apenas 5,5% del presupuesto fuera a gasto de capital
Reclama que los casi 700.000 millones sin ejecutar equivalen a cerca de setenta mil viviendas de bono o a siete obras del tamaño de Barranca-Limonal
Objeta la caída de 13.200 millones en transferencias de capital a juntas de educación y de 14.353 millones en el programa Avancemos
Otras 5 voces solo aparecen votando mociones de trámite, sin que el acta diga por qué: 2 de Pueblo Soberano y 3 sin fracción. De otras 11 voces el acta no deja claro qué sostienen sobre el asunto: 1 de Pueblo Soberano y 10 sin fracción.