Ley taser

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la policía costarricense no tiene una opción intermedia entre medios de escaso poder disuasorio, como el bastón, y el arma de fuego, y que eso la deja sin respuesta proporcional en situaciones críticas. Agregan que la normativa del país prohíbe los dispositivos eléctricos que causan daños irreversibles, pero no aclara el estatus de los de electrochoque que no dejan secuelas permanentes, como el Taser.

Citan una revisión científica de 2024 que, tras analizar 47 artículos, clasifica el Taser como dispositivo parcialmente seguro: solo 4 de 12 afirmaciones sobre su seguridad resultaron ciertas, con tasas de fallo en campo de entre 15% y 47%. También mencionan un estudio del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos sobre 962 casos, en el que el 99.7% no sufrió lesiones o solo tuvo daños leves, e informes de Amnistía Internacional sobre más de 330 muertes en ese país desde 2001.

Señalan que en 2021 la dirección de Fuerza Pública buscó traer estas armas, con presupuesto y análisis técnico de por medio, y que la compra no se concretó, de modo que los policías siguen sin esa herramienta y su empleo sigue sin reglas claras que frenen los abusos.

Qué dice el texto

• Quién las puede usar: Autoriza a los cuerpos policiales del sector público, centralizado y descentralizado, a comprar, portar y usar dispositivos de conducción eléctrica —las pistolas Taser, que inmovilizan con una descarga— y solo a quienes fueron instruidos para ello.
• Cuándo se pueden usar: Solo cuando otros medios resulten insuficientes: para neutralizar una amenaza activa contra la vida, controlar a personas violentas que se resistan, evitar lesiones graves o impedir un delito inmediato.
• Lo que queda prohibido: Prohíbe usarlas como castigo o tortura, contra personas ya sometidas o esposadas —salvo peligro real e inmediato para terceros—, de forma repetida o prolongada sin justificación, cerca de materiales inflamables o de cuerpos de agua.
• Grupos vulnerables: Con embarazadas, personas adultas mayores, menores de edad, personas con discapacidad visible o que aparenten una condición médica grave, el uso debe evitarse si hay alternativas razonables, salvo que la amenaza lo haga indispensable.
• La capacitación: Exige aprobar antes un curso teórico y práctico impartido o avalado por la institución, con derechos humanos, uso progresivo de la fuerza —ir de menos a más según la resistencia—, riesgos médicos y primeros auxilios.
• El registro de cada disparo: Cada uso se documenta en un informe con fecha, hora, lugar, circunstancias, cantidad y duración de las descargas y consecuencias, más el video de cámaras corporales o de patrullas cuando haya. Los aparatos deben traer registro electrónico.
• Después de la descarga: Toda persona alcanzada por una descarga debe recibir valoración y atención médica cuando las circunstancias lo ameriten, y usar el arma contra lo que manda la ley genera responsabilidad administrativa, civil y penal.