Salud sexual y reproductiva

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que, pese a los avances del país en anticoncepción, atención de adolescentes y prevención del VIH, la Ley General de Salud no contiene un capítulo que aborde de manera integral los derechos sexuales y reproductivos, y que muchas políticas se han adoptado sin un marco jurídico sólido que haga más fácil y accesible ejercerlos.

Retoman un criterio del INAMU según el cual persisten muertes maternas evitables, fecundidad no deseada, poca atención a las necesidades de los hombres, violencia sexual contra mujeres jóvenes y resistencia de algunos grupos a la educación sexual. Citan que el uso del condón bajó de 15,7% en 1992 a 10,1% en 2005 y que las infecciones de transmisión sexual no disminuyen.

Citan además datos del Ministerio de Salud: 427 mujeres fallecidas por cáncer de mama en 2020, muertes por cáncer de próstata que pasaron de 420 a 445 ese mismo año, y unas 16.000 personas viviendo con VIH. Recuerdan recomendaciones del Comité de la CEDAW al país sobre anticoncepción, violencia obstétrica y educación sexual.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 29 de febrero de 2024. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• Quién tiene que cumplir: Pone en el Ministerio de Salud, junto con la CCSS, el MEP y otras entidades públicas, el deber de dictar y ejecutar las políticas y normas para asegurar estos derechos, con participación de organizaciones de la sociedad civil.
• Los anticonceptivos: El Ministerio de Salud debe asegurar el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos y de protección seguros, eficaces y modernos, y la CCSS debe garantizar que estén provistos y disponibles según cada etapa de la vida.
• La pastilla del día después: Reconoce el derecho a obtener de forma ágil y oportuna métodos anticonceptivos autorizados, incluida la anticoncepción de emergencia: el método hormonal que se usa para evitar un embarazo tras una relación sexual sin protección.
• Qué puede decidir cada quien: Reconoce el derecho a decidir de forma informada sobre tratamientos, a definir cuántos hijos tener y con qué intervalo, a la esterilización voluntaria e informada y a atención integral en casos de violencia o abuso sexual.
• VIH y otras infecciones: Da derecho a prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las infecciones de transmisión sexual, incluidos VPH y VIH, y a recibir métodos de prevención, entre ellos el condón femenino y el masculino.
• Embarazo y parto: Reconoce el derecho a atención humanizada y libre de violencia antes, durante y después del parto, al acompañamiento durante toda la labor de parto, a información sobre riesgos del embarazo y a atención tras pérdidas gestacionales tempranas.
• Esterilizar con discapacidad: La persona con discapacidad decide si se esteriliza; si no puede consentir, lo hace de forma excepcional su representante legal. Quien la esterilice sin el consentimiento requerido incurre en responsabilidad penal, civil o administrativa.