Precios de insumos en salud privada

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que el Estado debe garantizar el derecho a la salud y que una parte de la población recurre a servicios privados por listas de espera, falta de especialistas o necesidad de atención rápida. Sostienen que el mercado de la salud es de competencia imperfecta y que una urgencia funciona como monopolio de hecho: la persona no está en condiciones de comparar precios entre centros, por lo que consideran obligación estatal evitar abusos en el cobro.

Citan al Ministerio de Salud, que informó que en 2023 el gasto privado en salud fue el 32% del gasto corriente total y el gasto de bolsillo el 24,1%. Mencionan testimonios de facturas con insumos cobrados con más de 100% de margen respecto del mercado y consultas que se multiplican hasta por 8 veces cuando se trata de urgencias, y estudios y señalamientos de la COPROCOM, la comisión que vigila la competencia, sobre asimetrías de información y precios altos.

Agregan que consultaron a la Cámara Costarricense de la Salud, que respondió que no tiene potestades para regular el mercado y advirtió riesgos de fijar márgenes; para quienes firman, eso mismo muestra que no hay autorregulación efectiva. Afirman que, sin reglas, la facturación sigue sin transparencia ni comparabilidad y acceder a la salud puede llevar al endeudamiento.

Qué dice el texto

• A quién le aplica: Alcanza a hospitales, clínicas, consultorios, servicios de emergencia y centros de diagnóstico privados que facturen insumos médicos, y a las aseguradoras privadas en sus contratos, reembolsos, redes de proveedores y pagos de esos insumos.
• Los topes de ganancia: Fija márgenes máximos por categoría: hasta 25% en insumos esenciales y de alta rotación, 20% en medicamentos, 15% en dispositivos y material descartable, 10% en reactivos y medios de contraste, y 5% en implantes y prótesis.
• Sobre qué se calcula: El margen se aplica solo sobre el costo de adquisición verificable: lo que el centro le pagó al proveedor, ya restados descuentos y bonificaciones. No se pueden meter ahí salarios, infraestructura, administración ni cadena de frío.
• La factura: Obliga a detallar cada insumo con nombre, cantidad, unidad y precio unitario y total, aun si se cobra por paquete. Prohíbe cobrar bajo conceptos vagos como "materiales", "insumos varios", "kit" o "paquete" sin ese desglose.
• El precio publicado: Cada centro debe tener un catálogo de precios de insumos en su web y en el local. Si el precio publicado, el cotizado y el cobrado no coinciden, manda siempre el más bajo. En atenciones programadas, cotización previa a solicitud del paciente.
• Denuncias y devolución: El MEIC monta un sistema de denuncias, preferentemente en línea, para reportar cobros de más o falta de desglose. Si por resolución firme se comprueba el exceso, el centro debe devolver el monto cobrado de más al paciente o a quien pagó.
• Multas y cierres: El MEIC, junto al Ministerio de Salud, audita al menos cada dos años y de forma extraordinaria ante denuncias. Puede ordenar correcciones, multar según gravedad y reincidencia, y suspender la actividad en casos graves o reiterados.
• El plazo para ajustarse: El Poder Ejecutivo tiene seis meses para dictar el reglamento y, publicado este, los prestadores privados cuentan con otros seis meses para adecuarse. Los márgenes superiores excepcionales se autorizan por máximo doce meses, prorrogables una vez.