Comunidades de Los Chiles

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que cuando en 1994 se declaró Refugio Nacional de Vida Silvestre a toda la franja de 2.000 metros pegada a la frontera con Nicaragua, no se hizo un análisis de quién vivía ahí ni de los impactos sociales. Dicen que así quedaron atrapadas familias asentadas desde generaciones, sin seguridad jurídica sobre sus tierras y excluidas del crédito, de programas de vivienda y de servicios públicos.

Señalan que la medida golpeó a más de 50 comunidades de Upala, La Cruz, Sarapiquí, San Carlos y Los Chiles, con una población que estiman entre 6.100 y 10.000 personas. Citan estudios de biodiversidad contratados por el INDER para afirmar que las áreas que se sacarían del refugio no tienen condiciones ecológicas que justifiquen mantenerlas protegidas.

Agregan que un proyecto anterior sobre el mismo tema no tenía respaldo en estudios técnicos, y que mantener restricciones absolutas sobre territorios ya poblados resulta desproporcionado y choca con el derecho a una vida digna y con la igualdad ante la ley.

Qué dice el texto

• Las tierras que salen: Desafecta 55 hectáreas de asentamientos humanos dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte: les quita el régimen de área protegida, según áreas georreferenciadas de un levantamiento topográfico oficial.
• Nadie se vuelve dueño: Esas 55 hectáreas siguen siendo del Estado como Propiedad Agrícola del Estado y dominio público: inalienables, imprescriptibles e inembargables, o sea que no se pueden vender, embargar ni ganar por el paso del tiempo.
• Las concesiones: El INDER administra los terrenos y puede otorgar concesiones a los ocupantes actuales que cumplan requisitos, para vivienda, comercio, servicios u otras actividades productivas, bajo el reglamento de concesiones en franjas fronterizas.
• La compensación ambiental: Autoriza al INDER a comprar con recursos propios dos fincas del Banco Nacional de 233,9953 hectáreas juntas, vecinas del Refugio Mixto de Vida Silvestre Caño Negro, y traspasarlas al SINAC para sumarlas al área protegida.
• La condición: La salida de las 55 hectáreas del refugio solo surte efecto a partir del momento en que la compensación ambiental se materialice, es decir, cuando la compra de los terrenos de reemplazo esté hecha.
• Personas extranjeras: Da un plazo improrrogable de dos años para que extranjeros en situación migratoria irregular en la franja regularicen su estatus; solo quienes lo logren pueden pedir concesión y el INDER archiva sin trámite las demás solicitudes.
• Calles y caminos: Rutas nacionales y caminos cantonales siguen siendo públicos, a cargo del MOPT, CONAVI o la municipalidad; abrir o ampliar vías dentro del refugio solo será posible mediante una ley que reduzca su superficie.