Prohibición de los ECOSIG

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que las llamadas «terapias de conversión» no son procedimientos médicos reconocidos, sino intervenciones que parten de que ciertas orientaciones o identidades son condiciones indeseables que hay que corregir. Afirman que se aplican tanto en entornos médicos y psicológicos como religiosos, comunitarios y familiares, mediante culpabilización, aislamiento, humillación o presión, y que van desde formas sutiles hasta violencia física.

Alegan que no existe evidencia científica de que estas prácticas modifiquen la atracción o la identidad de género, y citan una revisión publicada en JAMA Pediatrics y otra revisión sistemática que las asocian con depresión, angustia psicológica, autolesiones e intentos de suicidio. Citan además informes de Naciones Unidas y recomendaciones internacionales que piden a Costa Rica prohibirlas.

Sostienen que sin una prohibición expresa, familias preocupadas por sus hijos pueden pagar o consentir servicios que se ofrecen falsamente como tratamientos acreditados, y que un intento legislativo anterior sobre la misma materia no llegó a convertirse en ley.

Qué dice el texto

• Qué queda prohibido: Se prohíbe realizar, impartir, aplicar, imponer, obligar o financiar prácticas, tratamientos, servicios o consejerías dirigidos a una persona para modificar, reprimir, anular o suprimir su orientación sexual, identidad o expresión de género.
• Si la persona dice que sí: El consentimiento de quien se somete a la práctica no la excluye de la prohibición: aunque la persona acepte, la conducta sigue siendo sancionable si concurren los elementos definidos en la ley.
• Qué no cuenta como ECOSIG: Quedan fuera la exploración de la identidad sin resultado predeterminado, la atención clínica apropiada, el apoyo o acompañamiento para afrontar situaciones personales, y la expresión, enseñanza o predicación de convicciones religiosas.
• Personal de salud: A quienes ejercen profesiones u oficios en ciencias de la salud se les prohíbe aplicar, recomendar, prescribir, promover o participar en estas prácticas, y también referir a la persona a terceros sabiendo que ofrecen ese tipo de servicio.
• Atención psicológica legítima: Se mantiene permitido el acompañamiento psicológico o psiquiátrico y la atención de condiciones de salud, siempre que no imponga como resultado predeterminado una orientación o identidad y se base en criterios científicos y éticos.
• La publicidad: Se considera propaganda engañosa y perjudicial ofrecer, promocionar o publicitar estas prácticas, incluida la que les atribuya propiedades terapéuticas, curativas o científicamente comprobadas.
• Las sanciones: El Ministerio de Salud podrá imponer, según la gravedad, apercibimiento y orden de cese, multa en salarios base, suspensión temporal o cancelación del permiso sanitario de funcionamiento, sin perjuicio de responsabilidades civiles o penales.
• Cómo se gradúa el castigo: Se pesan la edad y vulnerabilidad de la persona afectada, la relación de autoridad o custodia, el uso de violencia, engaño, aislamiento o privación de libertad, la duración, el daño causado, el lucro y la reincidencia.