Abogacía de magistraturas suplentes

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la imparcialidad de quien juzga no se mide solo por la ausencia de un interés personal real, sino también por la apariencia de neutralidad que el cargo debe proyectar, y que por eso hay que evitar situaciones que razonablemente hagan dudar de la objetividad de un juzgador. Invocan los artículos de la Constitución sobre probidad en la función pública, igualdad ante la ley y debido proceso.

Afirman que no existe una restricción equivalente para las magistraturas suplentes mientras ejercen a la vez la función jurisdiccional y la profesión, y citan el artículo 62 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, que impide a quien deja la judicatura o un cargo público patrocinar por un año asuntos ante la oficina donde trabajó.

Advierten que la sola condición de suplente puede proyectar una vinculación con la Sala que incida en la contratación de esa persona abogada, generar dudas sobre la igualdad entre quienes litigan y convertir el cargo en un factor diferenciador dentro del mercado de servicios jurídicos.

Qué dice el texto

• A quién aplica: A las magistraturas suplentes de la Corte Suprema de Justicia: personas abogadas nombradas por la Asamblea Legislativa para sustituir a magistrados propietarios cuando se ausentan o queda vacante el puesto.
• Qué no pueden litigar: No podrán ejercer la abogacía ni el notariado, directa o indirectamente, en asuntos que estén en conocimiento de la Sala para la cual fueron nombradas.
• Hasta cuándo dura el veto: La prohibición corre durante todo el nombramiento y se extiende un año más, contado desde que cesa la designación.
• Publicidad con el cargo: Se les prohíbe usar su condición de magistratura suplente para promoción, publicidad o captación de clientela en su ejercicio profesional privado, bajo pena de pérdida del cargo.
• Cuando sustituyen de verdad: Al ser llamadas a ejercer efectivamente la magistratura, entran en receso de sus funciones de abogada y notaria mientras dure esa sustitución, y las recuperan al cesar sin tener que reponer la garantía.
• El mínimo de tres meses: La Ley Orgánica del Poder Judicial vigente solo obliga a ese receso cuando la sustitución supera los tres meses; el proyecto elimina ese mínimo y lo aplica a cualquier duración.