Potestades de la Contabilidad Nacional

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la Ley de Administración Financiera declara obligatorias las disposiciones de la Dirección General de Contabilidad Nacional —el órgano que dicta las reglas contables del sector público— pero no le da ninguna herramienta para exigirlas, de modo que su obligatoriedad queda, dicen, en algo simbólico. Afirman que varias entidades descentralizadas interpretan que su autonomía las exime y no remiten la información en los plazos ni en los formatos requeridos, sin que ello traiga consecuencias.

Citan informes de la Contraloría: uno de 2023 ubicó en 72% el avance en la adopción de las NICSP, las normas internacionales de contabilidad para el sector público, y la auditoría de los estados financieros consolidados de 2023 terminó en una opinión denegada, es decir que no se pudo pronunciar sobre su razonabilidad. Mencionan ¢350.000 millones sin conciliar entre instituciones y diez entidades que no presentaron sus estados financieros o los presentaron incompletos.

Advierten que, sin sanciones ni incentivos, los mismos incumplimientos se repiten año tras año y el país sigue sin estados financieros consolidados auditables, lo que golpea la credibilidad fiscal.

Qué dice el texto

• A quién le toca: Todas las entidades y órganos del sector público cubiertos por la Ley 8131 quedan obligados a atender los requerimientos de información y las disposiciones de la Contabilidad Nacional, el órgano que dicta las reglas contables del Estado.
• Plata condicionada: La institución que no cumpla con esos requerimientos no podrá recibir transferencias ni donaciones de ningún tipo, sean con cargo al presupuesto nacional o de otras instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales.
• El presupuesto: La aprobación del anteproyecto de presupuesto queda sujeta al cumplimiento; la Dirección General de Presupuesto Nacional podrá reducirlo o suprimirlo, y la Contraloría no dará curso a presupuestos ni modificaciones de entes incumplidores.
• La lista de incumplidores: Contabilidad Nacional debe remitir cada año, a más tardar el 1 de abril, la lista de órganos y entes que no entregaron la información, tanto a la Dirección General de Presupuesto Nacional como a la Contraloría General de la República.
• Quién responde en persona: El incumplimiento por parte de jerarcas y de directores administrativos, financieros y contables se considera falta grave que genera responsabilidad administrativa; se envía informe a la Contraloría para que investigue y recomiende sanciones.
• Las nuevas faltas: Se suman como faltas: omitir los registros contables de movimientos patrimoniales y presupuestarios, dañar los estados financieros con datos omitidos, erróneos o tardíos, e incumplir sin justificación plazos y políticas contables.
• Reorganización interna: Autoriza reestructurar los departamentos administrativos, financieros y contables de las instituciones que así se lo manifiesten al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).