Recuperación sostenible de Crucitas

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la minería irregular en Crucitas nace de la pobreza y la falta de oportunidades, no de su prohibición. Afirman que legalizar la minería a cielo abierto no resolvería esa desigualdad. Dicen que la extracción irregular empezó en 2017 de forma organizada, y citan investigaciones del OIJ sobre grupos que hacían pasar oro de Crucitas por oro legal de Abangares.

Advierten que volver a permitir la minería metálica haría desaparecer los cerros Fortuna y Botija y comprometería el acuífero regional. Según ellos, el daño de la minería ilegal es reparable. Recuerdan que la Sala Constitucional ordenó en 2021 al Estado un plan para contener la minería ilegal y remediar los daños, y afirman que no ha habido avances significativos.

Citan una estimación de unas 145 645 onzas de oro residual en las zonas contaminadas. Calculan que equivalen a unos $402,5 millones y que se recuperarían al remover el mercurio, sin hacer minería. Mencionan también los $600 000 de garantía ambiental que dejó la empresa Industrias Infinito.

Qué dice el texto

• Quién lo administra: El SINAC, el sistema de áreas de conservación, dirige el polo con sede en Crucitas de Cutris, San Carlos. También coordina y supervisa lo que hagan ahí las comunidades organizadas y las instituciones.
• Las tierras: Autoriza al Poder Ejecutivo a comprar directamente o expropiar las fincas del antiguo proyecto minero Crucitas. Pasan a ser del Estado sin poder venderse, y quien trabaje en ellas no adquiere derecho de posesión.
• Quién puede producir: Solo grupos comunales en asociaciones o cooperativas pueden aprovechar madera caída, sembrar raicilla ipecacuana para uso farmacéutico u otras actividades de bajo impacto. Necesitan permiso previo del SINAC o del MINAE.
• La limpieza: El Ministerio de Salud sanea el mercurio, por sí mismo o contratando empresas por licitación. Si lo hace una empresa privada, su ganancia no puede pasar del cinco por ciento.
• El oro recuperado: El oro sobrante va al Banco Central y a un fideicomiso, un fondo de destino fijo, para obras y proyectos locales, con prioridad en Cutris y Pocosol; al Gobierno Central gira como máximo la mitad, para programas sociales y pensiones de la CCSS.
• El oro que se queda: Permite emitir activos digitales, certificados criptográficos respaldados por el oro en la roca dura. Quien los compre es dueño de ese oro, pero acepta que nunca se extraiga, para proteger el bosque a perpetuidad.
• Los incentivos: Quien contrate al menos 50% de personas de Cutris o Pocosol puede deducir el 50% del impuesto sobre la renta. Además, se exoneran de impuestos la maquinaria para el saneamiento y los materiales de construcción amigables con el ambiente.