Gobierno judicial

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que Costa Rica mantiene un modelo muy centralizado en la Corte Suprema, donde las magistraturas ejercen al mismo tiempo funciones de juzgar, administrar, disciplinar y operar. Sostienen que ese esquema respondió a otra etapa institucional y que la carga administrativa les resta capacidad para su tarea central: impartir justicia y unificar la jurisprudencia, es decir, fijar un criterio único sobre cómo se interpreta la ley.

Argumentan que el expediente judicial electrónico, la expansión de plataformas digitales, las exigencias de control interno y las reglas presupuestarias de la reforma fiscal volvieron al Poder Judicial una organización de alta complejidad gerencial, que a su juicio requiere órganos técnicos especializados y no decisiones tomadas por jueces.

Citan recomendaciones de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre fortalecer la gestión de los poderes judiciales, y del Banco Interamericano de Desarrollo sobre profesionalizar la administración judicial para reducir la mora, o sea el atraso en resolver casos. Afirman que la reforma no toca la independencia de los jueces ni la autonomía presupuestaria del Poder Judicial.

Qué dice el texto

• Quién administra: El Consejo Superior del Poder Judicial asume la administración, la operación y la gestión de personal. La Corte Suprema conserva la dirección estratégica, la política judicial, la aprobación general del presupuesto y la unificación de jurisprudencia.
• El presupuesto: El Consejo Superior maneja las cuentas, autoriza pagos y puede mover plata entre partidas sin cambiar el monto total aprobado. No puede tocar los recursos de salarios, salvo que la ley lo permita o existan economías justificadas.
• Quién depende de quién: Dependen administrativamente del Consejo Superior la Inspección Judicial, la Dirección Ejecutiva, la Auditoría, la Escuela Judicial y Gestión Humana, y también el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública, que guardan independencia técnica.
• Disciplina del personal: Las sanciones al personal judicial las resuelve el Consejo Superior. El Tribunal de la Inspección Judicial investiga, instruye los casos y le manda recomendaciones técnicas, incluido lo que pase con el personal del OIJ.
• A quién sanciona la Corte: La Corte Plena, en votación secreta, sanciona solo a magistraturas, integrantes del Consejo Superior y del Tribunal de Inspección, fiscal general y adjunta, dirección y subdirección del OIJ, auditoría y subauditoría y jefatura de la Defensa Pública.
• Recursos y reclamos: Las jefaturas sancionan hasta con quince días de suspensión, apelables ante la Inspección en tres días hábiles. Contra lo que resuelva el Consejo Superior solo cabe reconsideración en tres días y la Corte no puede atraer esos casos.
• Los pluses de magistraturas: Ordena al Poder Judicial hacer en un plazo máximo de tres meses un estudio de la estructura salarial de las magistraturas y revisar los pluses atados a funciones administrativas, que según el texto se justificaban por el trabajo gerencial.