Tasas máximas de interés

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que fijar el tope de intereses directamente en la ley desconoce la diversidad del mercado crediticio y que no hay evidencia del fundamento técnico de ese nivel. Argumentan que, si el tope queda por debajo de los costos y riesgos de prestar, los oferentes formales recortan el crédito a los deudores más riesgosos y se profundiza la exclusión financiera: gente que queda fuera del crédito formal.

Citan la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2018 y 2024, antes y después de la Ley 9859 conocida como Ley de Usura: en el quintil de menores ingresos, la quinta parte de hogares más pobres, el acceso a crédito personal cayó 3 puntos porcentuales en hogares con jefatura masculina y 2 en los de jefatura femenina, y en hogares con jefatura femenina bajó entre 2 y 6 puntos en todos los quintiles.

Advierten que esa exclusión empuja al préstamo gota a gota, que mezcla usura, extorsión y violencia. Citan un estudio de Naciones Unidas que reporta tasas superiores al 20% mensual y un aumento de incidentes reportados al 911 por ese tipo de préstamos, de 44 casos en 2022 a 261 en 2024.

Qué dice el texto

• Quién pone el tope: La SUGEF, supervisora de entidades financieras, diseña la metodología y el CONASSIF, el consejo que regula el sistema financiero, la aprueba. La tasa máxima se recalcula cada año y se publica la primera semana de julio.
• Un tope por tipo de crédito: Habrá tasas máximas distintas para tarjetas y créditos revolutivos de consumo de personas físicas, para créditos de consumo no revolutivos y para créditos a micro, pequeña y mediana empresa; la SUGEF puede sumar otros segmentos.
• A quién le aplica: Alcanza a las entidades supervisadas por la SUGEF y a quien ofrezca crédito de forma habitual en el país sin ser intermediario financiero. Quedan fuera el crédito comercial y el financiamiento ocasional.
• Registro y datos: Todo oferente de crédito debe inscribirse ante la SUGEF, con doce meses de plazo desde que la ley rija, entregarle la información que le pida y guardarla cinco años. Su nombre y estado de cumplimiento quedan en un registro público.
• Las multas: Ofrecer crédito sin estar registrado se castiga con multa de 10 a 150 salarios base. Entregar información de mala calidad, suspensión de 1 a 90 días hábiles para dar crédito; no entregarla o reincidir, hasta cinco años y pérdida del registro.
• Denuncia e inhabilitación: La SUGEF debe avisar al Ministerio Público cuando halle indicios de cobro por encima de la tasa máxima. Con sentencia penal firme, gerentes y directivos quedan inhabilitados cinco años y deben ser destituidos en ocho días.
• Comparar antes de firmar: El Banco Central, junto con el MEIC, monta un sistema gratuito y en datos abiertos con el costo total del crédito y la tasa efectiva, sin rankings, y publica cada año un informe sobre acceso al crédito de la población.