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El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que, pese a que el país alcanzó una cobertura eléctrica casi total, queda un remanente de viviendas y comunidades sin servicio, concentradas en territorios indígenas, zonas rurales dispersas y regiones fronterizas donde extender la red cuesta mucho más por cada familia atendida.

Alegan que esa brecha no se explica por una falla del modelo eléctrico, sino porque ninguna distribuidora puede financiar esas obras con sus recursos ordinarios sin trasladar el sobrecosto a los usuarios que ya pagan el servicio, y que también quedan sin electricidad confiable escuelas y centros de salud en zonas remotas.

Citan el Índice de Cobertura Eléctrica elaborado por el ICE para ubicar los distritos más rezagados, y ponen como antecedente el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, creado por la Ley General de Telecomunicaciones, cuyos problemas de costos administrativos y de ejecución dicen haber tomado como lección. Advierten que, sin un mecanismo permanente de financiamiento, esas inversiones seguirán sin poder realizarse.

Qué dice el texto

• Quién paga el cargo: Todo agente que inyecte energía al Sistema Eléctrico Nacional por transmisión, subtransmisión o distribución paga un cargo sectorial de solidaridad energética, sin importar si es público, privado, cooperativo o municipal.
• Quién fija el monto: La ARESEP define el cargo por unidad de energía inyectada, debe cobrar solo lo necesario para sostener el fondo y revisarlo cada año, pudiendo mantenerlo, ajustarlo o bajarlo; no puede usarlo con fines recaudatorios.
• Quién administra la plata: El fondo es un patrimonio con destino amarrado por ley, sin personería propia, adscrito a la ARESEP, que lo gestiona mediante una instancia especializada y puede constituir fideicomisos con la banca nacional.
• En qué se gasta primero: La prioridad absoluta es erradicar la falta de cobertura en comunidades, territorios indígenas y zonas fronterizas sin servicio. Solo si esas metas anuales están financiadas se pueden usar sobrantes en subsidios tarifarios o eficiencia energética.
• Quién ejecuta las obras: Ejecutan el ICE, la CNFL, las cooperativas Coopelesca, Coopesantos, Coopeguanacaste y Coopealfaroruiz, la ESPH y la JASEC, si demuestran capacidad técnica, operativa y financiera; el INDER y las municipalidades pueden coejecutar.
• Privados, solo como proveedores: Prohíbe asignar recursos del fondo directamente a personas físicas o a empresas privadas: estas solo pueden participar como contratistas o proveedores de las entidades ejecutoras, bajo contratación pública.
• Controles y desembolsos: La plata se gira por etapas contra avance físico y financiero verificado; lo no ejecutado se devuelve al fondo salvo prórroga justificada, y los gastos de administración tienen un tope sobre el presupuesto anual ejecutado.