Asentamientos informales de Goicoechea

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que la Constitución y tratados internacionales reconocen el derecho a una vivienda digna. Sostienen que Purral, Ipís y Mata de Plátano concentran lotes muy pequeños y asentamientos informales consolidados. Ahí viven familias en pobreza extrema que no pudieron pagar alquiler ni entrar a programas estatales de vivienda.

Citan un fallo de la Sala Constitucional que ordenó al IMAS erradicar los asentamientos en terrenos del Estado o zonas de protección del cantón. Cuentan que la Municipalidad y varias instituciones le pidieron a la Sala más plazo, porque un desalojo simultáneo causaría una crisis humanitaria.

Advierten que, sin medidas de alojamiento y acompañamiento, el desplazamiento masivo dejaría a familias sin hogar o en condiciones más precarias. Reconocen que proteger el ambiente y recuperar terrenos públicos son fines legítimos, pero piden cumplirlos con razonabilidad y proporcionalidad.

Qué dice el texto

• A quién aplica: A las familias de asentamientos humanos irregulares consolidados en los distritos de Purral, Ipís y Mata de Plátano del cantón de Goicoechea, incluido el sector conocido como Los Cuadros.
• Los desalojos: Se suspende cualquier desalojo en esos asentamientos por un plazo temporal e improrrogable, o sea que no se puede extender. La suspensión queda condicionada a que el Estado cumpla lo que la ley le ordena.
• Quién decide: Una comisión presidida por el IMAS, con la Municipalidad, el Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, entidades públicas de vivienda, el Instituto de Desarrollo Rural y una persona de las comunidades.
• El plan: La comisión debe elaborar y ejecutar un plan con acompañamiento social, soluciones de vivienda permanentes y mecanismos de protección para las familias. La ley le fija plazos para empezarlo, ejecutarlo e implementarlo.
• El control: La comisión informa periódicamente su avance técnico y de presupuesto a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea y a la Contraloría. Si se incumple sin justificación, hay responsabilidad administrativa, civil y penal.
• La plata: Autoriza, sin obligar, a las instituciones de la comisión a aportar recursos financieros, técnicos y administrativos para el plan, siempre dentro de sus competencias legales.