Trazabilidad de honorarios de abogados

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el efectivo es uno de los principales mecanismos para dificultar la reconstrucción de operaciones ligadas al lavado de dinero, porque no deja un registro que permita verificar después de dónde salieron los recursos ni quién intervino. Argumentan que, en investigaciones de criminalidad organizada, eso impide distinguir si un pago corresponde de verdad a honorarios profesionales o si es una vía para meter plata ilícita en el patrimonio de terceros.

Plantean que el derecho a una defensa técnica y a escoger abogado no puede restringirse por la gravedad de la acusación, pero que el secreto profesional protege la estrategia y las comunicaciones, no la forma en que se documenta el pago. Dicen que la medida no toca el monto de los honorarios ni la libertad de contratar.

Citan las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI, el organismo internacional que fija estándares contra el lavado, y evaluaciones hechas a Costa Rica por su brazo regional Gafilat, que señalan que los abogados solo quedan cubiertos en ciertas actividades. Mencionan además el límite europeo de 10.000 euros para pagos en efectivo, los de mil euros en España y Francia, quinientos en Grecia y 4.400 dólares en Uruguay.

Qué dice el texto

• El tope en efectivo: Los honorarios de la defensa se pueden pagar en efectivo hasta diez salarios base mensuales, la cifra de referencia que fija la Ley 7337 y que las leyes usan para calcular montos.
• Pasado el tope: Superado ese monto, los pagos siguientes deben hacerse con medios emitidos o procesados por entidades financieras supervisadas, o sea bancos y entidades bajo vigilancia estatal, que dejan registro de la operación.
• A quién aplica: Cubre los honorarios por representar a personas imputadas o condenadas por los delitos de la Ley 7786 —drogas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo—, incluidos procesos por delincuencia organizada.
• Pagos por partes: Se permite pagar en tractos según las etapas del servicio, pero los montos se suman cuando corresponden a la misma relación de defensa, sin importar la fecha o la actuación a la que se refieran.
• Los papeles: El abogado defensor debe conservar cinco años las facturas electrónicas que acrediten el servicio, contados desde el último pago de esa relación profesional.
• Si se incumple: El incumplimiento del abogado defensor se comunica a la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas para que actúe según el régimen disciplinario que corresponda.