Emergencia sanitaria agropecuaria

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que el país sí tiene fondos creados por ley para atender emergencias sanitarias del agro, pero que la forma en que se aplican las restricciones fiscales generales los deja inmovilizados: sostienen que se produce un “efecto de caja” que impide gastar plata ya recaudada mediante tasas que pagan los mismos productores. Argumentan que la sanidad agropecuaria es un bien público y que el costo de responder tarde no crece de forma pareja, sino exponencial.

Citan como amenazas activas la reemergencia del gusano barrenador del ganado, del que dicen que el país fue declarado libre en 1999 y cuya situación habría escalado desde julio de 2023 con miles de casos en bovinos, fauna silvestre y personas; el gorgojo Khapra, que describen como una de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo e interceptado en puntos de ingreso; la peste porcina africana en el Caribe y el hongo Fusarium R4T en musáceas, ya reportado por Colombia y Ecuador.

Advierten que, sin la reforma, el Estado seguirá dependiendo del apoyo financiero y técnico del Oirsa —el organismo regional de sanidad agropecuaria— para atender emergencias dentro de su propio territorio, y que un atraso mínimo en un foco inicial puede convertir una contención local en una campaña nacional de erradicación, con costos mucho mayores y riesgo para el acceso a mercados internacionales.

Qué dice el texto

• Quién declara la emergencia: El ministro de Agricultura puede declarar por resolución motivada la emergencia sanitaria animal o vegetal, en todo el país o por regiones, siempre con criterio técnico de Senasa o del Servicio Fitosanitario del Estado.
• Qué destraba la declaratoria: Esa declaratoria basta por sí sola para usar de inmediato los fondos de emergencia: Hacienda y la Tesorería deben pagar contra los saldos de la caja única del Estado sin exigir trámites ni condiciones extra.
• La plata del fondo: Senasa y el Servicio Fitosanitario pueden apartar para emergencias entre un 2% y un 10% de lo que cobran al año por venta de servicios; lo que no se gaste se acumula para el año siguiente y no se toma como superávit libre.
• Fuera del tope de gasto: Esos recursos no cuentan como gasto corriente ni quedan sujetos a la regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el tope al crecimiento del gasto, mientras se usen en emergencias declaradas.
• Cuánto para oficina: Máximo un 15% de lo ejecutado en cada emergencia puede irse en apoyo administrativo; el resto debe destinarse a control, erradicación, vigilancia, prevención y atención técnica en el campo.
• Entrada a la propiedad: Dueños, inquilinos u ocupantes de fincas, comercios, industrias, viviendas y lotes baldíos quedan obligados a dejar entrar a los inspectores y entregar muestras; si se niegan, el juez debe dictar el allanamiento en 24 horas naturales.
• Multas por estorbar: Quien impida las labores arriesga de 1 a 3 salarios base si es vivienda, de 5 a 15 en comercio, industria o baldíos urbanos y de 5 a 50 en fincas o agroindustrias, más el pago de daños; el salario base es la unidad con que la ley calcula multas.