Derecho al olvido

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la circulación de datos personales en internet puede dañar la imagen, el honor o la reputación de las personas. Según ellos, eso pasa aun cuando se trata de hechos del pasado o de investigaciones, sanciones o sentencias ya cumplidas. Ponen como ejemplo que eso puede poner en riesgo una futura contratación laboral.

Argumentan que mantener esa información sin límite equivale a una pena perpetua, prohibida por el artículo 40 de la Constitución. Citan sentencias de la Sala Constitucional que describen ese efecto como una muerte civil: quedar inhabilitado para obtener crédito, trabajo o alquilar bienes.

Recuerdan que la Sala ya desarrolló el derecho al olvido en casos de agencias de datos crediticios, y plantean ampliarlo al entorno digital. Señalan que, a diferencia de la Unión Europea, la mayoría de los buscadores no están domiciliados en el país ni sujetos a la ley nacional. Por eso el proyecto apunta sobre todo a hemerotecas digitales domiciliadas en Costa Rica.

Qué dice el texto

• Quién puede pedir: Cualquier titular, o sea la persona a quien se refieren los datos, puede pedir que se rectifiquen, actualicen, desindexen (se saquen de los resultados de búsqueda), cancelen o eliminen sus datos personales.
• A quién se le pide: A los responsables de hemerotecas digitales (archivos en línea de periódicos y publicaciones), sitios web y motores de búsqueda, cuando hagan tratamiento de datos, es decir, cuando recojan, guarden o usen datos personales.
• Cuándo procede: Cuando los datos afecten el honor e intimidad de la persona, o cuando la información sea obsoleta, carezca de interés público o haya dejado de ser relevante con el paso del tiempo.
• Cuándo no aplica: No procede si choca con la libertad de expresión o de prensa, con el interés público en salud pública o si afecta a terceros, siempre que la información publicada sea veraz.
• Si no responden: Si el responsable no contesta la solicitud o la rechaza, la persona puede acudir a la agencia creada por la Ley 8968 de protección de datos personales.