Captura de la decisión pública

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el país no tiene reglas efectivas para el paso de personas entre altos cargos del Estado y la empresa privada —lo que llaman "puertas giratorias"— ni para el lobby, es decir la gestión de intereses privados ante quienes toman decisiones públicas. Afirman que por esas dos vías grupos de poder económico pueden capturar la decisión pública: controlar la formulación de leyes, políticas y regulaciones para obtener beneficios privados, sobre todo en finanzas, seguros, telecomunicaciones y servicios públicos.

Sostienen que quien llega a un cargo público desde una empresa regulada queda expuesto a favorecerla, y que quien sale puede beneficiar desde el cargo a su futuro empleador, práctica que citan de la literatura especializada como "soborno diferido". Agregan que el lobby en sí no es dañino, pero que sin registros ni transparencia se convierte en un mecanismo para influir en perjuicio del interés público.

Citan el Manual de la OCDE sobre Integridad Pública y el Estudio de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica, que según indican señala que el país carece de procedimientos para regular estas situaciones y recomienda periodos de enfriamiento y declaraciones de intereses. También invocan criterios de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría General emitidos sobre proyectos anteriores en la misma materia.

Qué dice el texto

• A quién le aplica: Cubre al alto funcionariado: ministerios y viceministerios, magistraturas, fiscalía general, contraloría, defensoría, procuraduría, jerarcas de los reguladores de servicios públicos y telecomunicaciones, superintendencias financieras y gerencias públicas.
• La declaración al entrar: Al asumir el cargo deben declarar ante la Procuraduría de la Ética Pública en qué empresas privadas trabajaron y qué contratos tuvieron con el Estado; esa oficina puede ordenarles apartarse de decidir los temas donde vea conflicto.
• Al salir del cargo: Quien deja el puesto no puede trabajar ni prestar servicios —incluido el lobby— a empresas que estuvieron bajo su regulación o fueron destinatarias de sus decisiones; debe declarar de previo cada actividad privada e informar al nuevo patrono.
• Requisitos para nombrar: Reforma las leyes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, del Banco Central y de los mercados de valores y de seguros para impedir nombrar en esos cargos a quien venga de empresas reguladas o de sus gremios.
• El lobby y sus registros: Define el lobby —gestiones para influir en decisiones públicas a favor de intereses privados— y crea un registro público de lobistas y agendas públicas donde se anotan reuniones, viajes, regalos y contactos por medios electrónicos.
• Lobby prohibido: Prohíbe gestionar lobby ante magistraturas del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones y sus despachos, y ante funcionarios con quienes el gestor tenga parentesco cercano, sociedad o vínculos laborales recientes.
• Multas y castigos: Fija multas en salarios base por no declarar, incumplir prohibiciones o no llevar los registros, y permite inhabilitar para cargos públicos; a la empresa que contrate a un ex jerarca restringido se le multa o se le resuelven sus contratos estatales.