Transparencia de patrimonios de jerarcas

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que las declaraciones juradas de patrimonio que rinden los jerarcas y funcionarios de alto nivel son confidenciales y solo pueden verlas las comisiones investigadoras de la Asamblea, la Contraloría, el Ministerio Público y los tribunales. Sostienen que, sin esa información abierta, la ciudadanía, la prensa y los diputados no tienen cómo detectar enriquecimientos injustificados ni conflictos de interés.

Agregan que el registro de accionistas y beneficiarios finales creado por la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal —donde consta quién controla o recibe de verdad las ganancias de cada sociedad, aunque no aparezca en los papeles— también es confidencial. Dicen que esa opacidad impide saber si un ministro, un diputado o un director usa su cargo para favorecer negocios privados en los que él o su familia tienen interés.

Citan una estimación del Banco Mundial que fija el costo mundial de la corrupción solo por sobornos en un trillón de dólares al año, y un estudio de Acuña-Alfaro y Transparencia Internacional Costa Rica que calcula unos 483 millones de dólares para el país y pérdidas de más de ¢150.377.500.000 en los seis casos más graves.

Qué dice el texto

• Las declaraciones, públicas: El contenido de las declaraciones juradas de patrimonio deja de ser confidencial: la Contraloría debe publicarlas actualizadas en su sitio web, con acceso totalmente público en todo momento.
• A quién le toca: Alcanza a las personas funcionarias que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito ya obliga a declarar su situación patrimonial, es decir jerarcas y funcionarios de alto nivel.
• Las empresas de la familia: El Banco Central publica cada tres meses un reporte con todas las sociedades y estructuras jurídicas donde el funcionario, su pareja o parientes hasta tercer grado, por sangre o por matrimonio, son accionistas o beneficiarios finales.
• Los fideicomisos: El mismo reporte incluye los fideicomisos —contratos donde alguien entrega bienes a otro para que los administre a favor de un tercero— en que participen esas personas como fideicomitentes, fiduciarios o beneficiarios.
• Al asumir el cargo: Para quien inicia funciones, el Banco Central publica un reporte inicial con esa misma información de los dos años previos al nombramiento o a la declaratoria de elección del Tribunal Supremo de Elecciones.
• De dónde sale el dato: La información se toma del registro de accionistas y beneficiarios finales de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal; la Contraloría le envía cada trimestre al Banco Central la lista de obligados a declarar.
• Las declaraciones viejas: Las presentadas antes de la ley se abren al público en un plazo máximo de tres meses: en papel las anteriores a 2016, en digital las posteriores, y el Archivo Nacional abre las que ya tenga en custodia.