Disposición de bienes incautados

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que, en los casos de capitales emergentes —aumentos de patrimonio sin causa lícita aparente—, el juzgado ordena la inmovilización registral del bien, o sea el bloqueo que impide venderlo o traspasarlo. Afirman que eso deja al ICD administrando bienes que se deterioran con los años y que consumen plata en custodia, mantenimiento y limpieza, sin poder venderlos anticipadamente para reinvertir esos recursos.

Citan como ejemplo una vivienda en Alajuela ligada a alias Palidejo, que según el texto lleva más de una década bajo custodia sin subastas exitosas, y el caso Liberty Reserve, donde dicen que no ha sido posible notificar a los representantes de las empresas dueñas de los bienes.

Sostienen que, de no cambiarse, se pierden recursos que podrían ir a equipo del Ministerio de Seguridad Pública y del OIJ, a la atención de víctimas del delito y a los sistemas de intervenciones telefónicas. Invocan las recomendaciones 4, 38 y 39 del GAFI, el organismo internacional contra el lavado de dinero, la Convención de Palermo y el Manual de buenas prácticas de la OEA sobre bienes incautados.

Qué dice el texto

• El bien se puede vender: A solicitud fundada del ICD o de la autoridad correspondiente, el juez puede sustituir la inmovilización registral —el bloqueo que impide vender el bien— por una anotación en el Registro, cuando el bien sea susceptible de venta anticipada.
• Quién puede denunciar: La Contraloría, el Ministerio de Hacienda, el ICD o el Ministerio Público pueden denunciar ante el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios el aumento de capital sin causa lícita aparente de funcionarios o de particulares, hasta diez años atrás.
• El requisito para denunciar: La denuncia procede cuando existan indicios razonables de relación entre ese aumento de patrimonio y actos ilícitos o de corrupción; la Ley contra la Delincuencia Organizada vigente no exige ese vínculo.
• Las medidas cautelares: El juez deja de estar obligado a ordenar el secuestro y la inmovilización y pasa a poder hacerlo, con análisis de proporcionalidad y urgencia. El congelamiento de productos financieros se limita a los vinculados directamente al aumento denunciado.
• El plazo para defenderse: La persona denunciada recibe una audiencia de plazo razonable para contestar y presentar pruebas, que no puede pasar de veinte días hábiles, salvo prórroga debidamente motivada.
• Si se quiere apelar: Contra la medida cautelar cabe apelación sin efecto suspensivo —el bien sigue afectado mientras se resuelve— ante el Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación.