Valores extranjeros

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman —el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda— parten de que la Ley Reguladora del Mercado de Valores de 1998 diseñó un mercado estrictamente local: solo emisiones inscritas en el registro costarricense, negociadas y liquidadas dentro del país. Sostienen que esa estructura dejó al país sin manera de integrarse con mercados internacionales y afirman que la figura del operador remoto —intermediarios de bolsa extranjeros que operan a distancia en la bolsa local— ya se acepta en Panamá, El Salvador y Nicaragua, mientras Costa Rica quedó fuera de esos negocios regionales.

Sostienen además que el Ministerio de Hacienda se volvió el principal emisor del mercado de deuda local y que la base de inversionistas nacional es limitada. Advierten que, si el Estado debe subir las tasas de interés de sus emisiones para colocarlas, se produciría el llamado efecto desplazamiento o «crowding-out»: el financiamiento se encarece para las empresas privadas y algunas inversiones dejan de ser rentables.

Citan un informe del Banco Central Europeo de 2019 y otro de la OCDE de 2014 sobre los beneficios de integrar mercados de deuda, y un manual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de 2001, según el cual ampliar la base de inversionistas reduce costos de financiamiento y alarga los plazos de vencimiento.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 1 de julio de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• Jurisdicción reconocida: Permite que el CONASSIF, el consejo que dirige la supervisión financiera, declare países o mercados con regulación y protección al inversionista equivalentes o mejores que la costarricense, previo dictamen de la Superintendencia de Valores.
• Registro sin doble trámite: Faculta al Superintendente de Valores a reconocer valores ya autorizados o registrados en esas jurisdicciones y permitir su oferta pública en Costa Rica, sin repetir aquí el proceso completo de inscripción.
• Operadores remotos: Habilita a las bolsas costarricenses a admitir intermediarios bursátiles autorizados en jurisdicciones reconocidas para que coloquen órdenes de compra y venta directamente en sus sistemas, sin permiso adicional de las autoridades nacionales.
• Qué no pueden hacer: Esos operadores solo atienden a inversionistas de su país de origen y solo con valores inscritos en el registro costarricense; no pueden ofrecer servicios de intermediación al público en Costa Rica ni administrar fondos de inversión o de pensiones locales.
• Quién los vigila: La supervisión queda en manos del regulador del país donde están autorizados, pero las bolsas locales pueden sancionarlos por lo que hagan en sus sistemas de negociación, pedirles información de sus operaciones y suspenderlos o cesar su admisión.
• Si algo sale mal: Responden ante sus clientes por la entrega de los valores y el pago del precio, y por actuaciones dolosas o culposas de su personal; deben nombrar un apoderado en Costa Rica para recibir notificaciones administrativas, arbitrales y judiciales.
• El pago y la entrega: Las operaciones se liquidan mediante custodios y liquidadores locales; las centrales de valores autorizadas como custodios podrán ser miembros liquidadores y firmar convenios con entidades extranjeras sin perder el control de sus funciones.
• Los plazos de las reglas: El CONASSIF debe emitir sus reglamentos dentro de los seis meses siguientes a que la ley entre a regir, y las bolsas de valores tienen seis meses más, contados desde esa normativa, para dictar los suyos.