Penas por delitos no violentos en vulnerabilidad

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la ley de drogas castiga con la misma pena alta al dueño del negocio y a quien ocupa el eslabón más bajo —vendedoras al menudeo, transportistas locales, personas con consumo problemático—, porque no contempla ninguna norma de atenuación que le permita a la persona juzgadora valorar la pobreza, la vulnerabilidad o el rol real dentro de la organización criminal.

Citan informes de la Organización de los Estados Americanos, recomendaciones de la Comisión Global de Políticas de Drogas y estudios nacionales sobre el perfil de la población presa: baja escolaridad, sin trabajo estable y en edad productiva. Señalan además que las infracciones a esa ley son la principal causa de encarcelamiento de mujeres y que la mayoría de decomisos ocurre en el punto de venta final.

Advierten que, sin este cambio, se mantiene la sobrepoblación carcelaria, el alto costo de encarcelar y el incumplimiento del fin rehabilitador de la pena, mientras las causas socioeconómicas del delito y el consumo problemático quedan sin atender.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 13 de septiembre de 2024. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• A quién aplica: Crea una pena de prisión más baja que la del delito base para las mismas conductas de venta, transporte o almacenamiento de droga, cuando se cometen sin violencia contra personas y sin uso de armas.
• Las condiciones: Además de no ser violenta, la persona no debe tener un rol significativo en la organización criminal y debe presentar consumo problemático de drogas, pobreza o vulnerabilidad, o haber sido usada o explotada por un tercero.
• A quién nunca: Queda fuera de la rebaja quien haya ejercido algún tipo de violencia al cometer el hecho o haya utilizado armas de fuego o punzocortantes.
• En vez de la cárcel: Permite que el juez, según el caso, disponga arresto domiciliario con monitoreo electrónico, dispositivos no estigmatizantes u otra pena alternativa, y resolver el conflicto por justicia restaurativa: acuerdos de reparación en lugar del proceso penal común.
• Si hay consumo: Cuando la persona sentenciada tiene consumo problemático y no resulta necesario el ingreso a prisión, se le remite a tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa.
• Atención estatal: Obliga al Estado, por medio de la CCSS y el IAFA (Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia), a garantizar programas y servicios para quienes usen sustancias y quieran integrarse; si son menores de edad, debe avisarse al PANI.
• Datos públicos: Manda a Adaptación Social, la unidad de estadística penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz, la planificación del Poder Judicial y el Instituto Costarricense sobre Drogas a llevar registros e indicadores coordinados y divulgarlos.