Pensiones no contributivas

El problema que dice venir a resolver

Quien firma el proyecto sostiene que la Constitución le encarga a la CCSS únicamente el gobierno y la administración de los seguros sociales, y que sus fondos y reservas no pueden emplearse en otros fines. Alega que, con los años, distintas leyes le fueron asignando funciones ajenas —entre ellas el Régimen No Contributivo, las pensiones para personas en pobreza que no cotizaron a ningún régimen— y que eso termina alargando los tiempos de respuesta a quienes sí cotizan.

Afirma que la institución no tiene capacidad ociosa para asumir esos programas y que los casos pendientes de resolver vienen creciendo desde 2020: cita que a marzo de 2026 rondaban los 34 mil. Añade que, según proyecciones de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, el programa requiere ¢61.648 millones para otorgar 5.000 pensiones nuevas y cumplir sus obligaciones, y advierte que sin más recursos habría que suspender la recepción de nuevas solicitudes.

Sostiene además que el Ministerio de Trabajo es el llamado a ocuparse del bienestar social según su ley orgánica y que ya administra regímenes de pensiones contributivos y no contributivos, de modo que el traslado dejaría a la CCSS concentrada en los seguros que le competen.

Qué dice el texto

• Quién administra: El Régimen No Contributivo de Pensiones pasa de la CCSS al Ministerio de Trabajo, que queda encargado de administrarlo, de definir la tipología de beneficiarios —a quiénes se les da la pensión— y de dictar el reglamento.
• La plata de Fodesaf: Al menos un 10,35% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se gira al Ministerio de Trabajo para este régimen, y hasta un 4% de ese aporte puede destinarse a gastos administrativos.
• El seguro de salud: Dentro de esos gastos administrativos, el Ministerio debe pagarle de inmediato a la CCSS el seguro de salud por el Estado de los pensionados. La CCSS fija ese costo y, si no se le paga todo, puede aplicar sus mecanismos de cobro.
• Parálisis cerebral profunda: La pensión vitalicia sigue equivaliendo al menor salario mínimo legal mensual y la valoración médica queda en la Comisión Calificadora del Estado de la Invalidez de la CCSS, pero la paga y reglamenta el Ministerio de Trabajo.
• Otras fuentes de plata: Se redirigen al régimen bajo el Ministerio de Trabajo entre 9% y 9,5% de las utilidades de la Junta de Protección Social, la mitad de las multas laborales, mil millones del impuesto a cigarrillos y licores y los depósitos judiciales no reclamados en diez años.
• Las 3.500 pensiones: De lo recaudado con la tarifa reducida del 1% del IVA debe presupuestarse cada año el costo total de 3.500 nuevas pensiones del régimen, que Hacienda transfiere al Ministerio de Trabajo junto con los gastos administrativos.
• Cómo se hace el traspaso: El traslado debe ejecutarse en un máximo de doce meses. Antes, la CCSS entrega estados financieros auditados del régimen con treinta días de antelación, sigue pagando durante la transición y el proceso no puede suspender ni atrasar las pensiones.